La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó su posición al mantener bloqueada la ley migratoria de Florida, conocida como SB 4‑C, actualmente suspendida hasta que los tribunales inferiores completen el proceso. Esta medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y firmada en febrero de 2025, penaba con cárcel a las personas que entren de manera irregular al estado. Sin embargo, un juez federal, Kathleen Williams, determinó que la ley probablemente era inconstitucional, al invadir una esfera gobernada exclusivamente por la autoridad federal.
El bloqueo judicial ya había sido confirmado por el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito en junio. Ante esto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una apelación de emergencia ante la Suprema Corte buscando que se permitiera su aplicación mientras se resuelve el litigio. No obstante, el alto tribunal se negó a levantar la suspensión, emitiendo una orden sin detallar los votos ni razones.
Esta decisión vuelve a subrayar que solo el Gobierno federal puede dictar e implementar políticas migratorias, amparado por la Cláusula de Supremacía de la Constitución. La ACLU y varias organizaciones migrantes denunciaron que SB 4‑C no solo era inconstitucional, sino también “cruel y peligroso”. Además, Williams ya sancionó a Uthmeier por desacato, al incitar a aplicar la ley pese a la suspensión.
¿Qué consecuencias traerá este fallo para Florida y el resto de Estados Unidos?
- Florida deberá abstenerse de aplicar SB 4‑C mientras el caso sigue su curso en tribunales inferiores.
- Este rechazo refuerza un precedente: los estados no pueden arrebatar al Gobierno federal la jurisdicción sobre migración.
- Si la Suprema Corte permite que Florida recurra o lleve el caso a juicio, el resultado puede sentar un precedente nacional sobre la separación de poderes.
- Asimismo, la decisión desalienta a otros estados a intentar leyes similares sin revisar riesgos legales; además, protege a inmigrantes frente a criminalización estatal.
En resumen, aunque Florida contaba con respaldo político local, la justicia federal reafirma que el control migratorio es una función exclusiva del Gobierno federal. Por ahora, SB 4‑C sigue “en pausa”, pero su futuro podría tardar años en decidirse.
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