Un tribunal de Corea del Sur ordenó este jueves el nuevo arresto del expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de imponer de forma irregular la ley marcial en diciembre pasado. La decisión se produce luego de que la fiscalía especial argumentara que Yoon podría destruir pruebas clave en su contra.
La orden fue emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que dispuso su reingreso a un centro de detención cercano a la capital. El exmandatario había sido liberado en marzo, tras la revocación de una orden de arresto previa, pero ahora podría enfrentar un periodo prolongado de reclusión preventiva.
El caso está en manos del equipo del fiscal especial Cho Eun-suk, que investiga cargos adicionales por abuso de poder, obstrucción de funciones oficiales y falsificación de documentos. Yoon fue interrogado en dos ocasiones antes de que se solicitara formalmente su arresto el pasado domingo.
La defensa del exmandatario tildó la solicitud de “excesiva e infundada”, aunque no reaccionó públicamente a la decisión judicial. El propio Yoon evitó responder preguntas de la prensa al ingresar el miércoles al tribunal para una audiencia que se extendió por siete horas. Tras la sesión, fue trasladado nuevamente al centro de detención.
El exlíder conservador podría permanecer detenido inicialmente hasta por 20 días mientras se evalúan nuevos cargos. Si la fiscalía formaliza acusaciones adicionales, Yoon podría quedar bajo custodia hasta por seis meses mientras se dicta una sentencia inicial. De ser condenado, comenzaría a cumplir su pena aunque su caso avance a instancias superiores.
La controversia se remonta al 3 de diciembre, cuando Yoon impuso la ley marcial alegando una conspiración de sus opositores liberales para bloquear su agenda desde el Congreso. Sin embargo, la medida solo duró unas horas: un grupo de legisladores rompió el cerco militar en la Asamblea Nacional y votó por su revocación.
El 14 de diciembre, el Parlamento destituyó a Yoon, y el 26 de enero fue acusado de liderar un intento de rebelión. Las autoridades aseguran que intentó tomar ilegalmente el control del Legislativo y las oficinas electorales, además de ordenar el arresto de opositores políticos, hechos que podrían acarrearle penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
También enfrenta cargos por declarar la ley marcial sin cumplir los procedimientos legales, como consultar al gabinete, y por haber utilizado a las fuerzas de seguridad presidenciales como una milicia privada para evitar su arresto en enero.
El actual presidente liberal, Lee Jae Myung —quien ganó las elecciones anticipadas de junio tras la destitución de Yoon— aprobó el mes pasado una ley para iniciar una investigación amplia sobre la imposición de la ley marcial y otros posibles delitos que involucrarían tanto al expresidente como a su esposa.
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