Un juez federal en Washington detuvo brevemente el viernes la deportación de ocho inmigrantes hacia Sudán del Sur, un país asolado por la guerra, apenas un día después de que la Corte Suprema diera luz verde a su expulsión. El magistrado también remitió el caso a un juez en Boston, considerando que él estaba mejor posicionado para resolverlo.
Durante una audiencia extraordinaria realizada en pleno feriado del Día de la Independencia, el juez de distrito Randolph Moss decidió transferir el expediente al juez Brian Murphy, cuyas decisiones anteriores ya habían frenado temporalmente los intentos del gobierno del presidente Donald Trump de deportar a estos inmigrantes hacia el país africano.
Moss extendió su orden de suspensión hasta las 4:30 p.m. (hora del Este), aunque no quedó claro si Murphy intervendría ese mismo día, dado que se trataba de un día festivo en Estados Unidos. El juez consideró que los nuevos argumentos presentados por los abogados de los inmigrantes merecían una nueva audiencia.
Las autoridades estadounidenses han intentado deportar a estos inmigrantes durante semanas, aunque ninguno de ellos es originario de Sudán del Sur. Según el Departamento de Estado, la situación en ese país es tan grave que desaconseja cualquier viaje, advirtiendo incluso que los visitantes deberían «hacer sus propios arreglos funerarios» antes de ingresar.
Los inmigrantes, procedentes de países como Laos, México, Myanmar y Vietnam, habían sido trasladados previamente a la base naval estadounidense en Yibuti. Sin embargo, su expulsión fue interrumpida luego de que el juez Murphy dictaminara que no podían ser enviados a un tercer país sin antes tener derecho a una audiencia judicial.
Aunque la Corte Suprema revocó ese fallo el mes pasado, el jueves por la noche emitió una nueva orden aclarando que su decisión habilitaba al gobierno a deportar a los inmigrantes a Sudán del Sur. En respuesta, los abogados presentaron de inmediato una solicitud de emergencia para bloquear la medida, lo que llevó a que el caso recayera en manos del juez Moss.
Este último prohibió temporalmente la deportación hasta que se celebrara la audiencia del viernes por la tarde, y posteriormente extendió esa suspensión al remitir el caso de forma oficial al juez Murphy. El gobierno había indicado su intención de concretar la deportación a Sudán del Sur en el transcurso del mismo viernes.
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