Las recientes redadas migratorias a gran escala en empacadoras y campos agrícolas de California han generado una creciente alarma entre los productores del estado y podrían afectar seriamente el abastecimiento de alimentos a nivel nacional, según advierten asociaciones del sector.
En las últimas semanas, decenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados en operativos realizados por agentes federales uniformados en plantaciones del condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles. Esta región, conocida por su producción de fresas, limones y aguacates, se ha convertido en uno de los focos de la intensificación de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
El miedo se ha apoderado de las comunidades inmigrantes, y muchos trabajadores han optado por no presentarse a sus labores. La presencia de agentes en lugares como estacionamientos de tiendas Home Depot, lavaderos de autos y fábricas de ropa, así como el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras las protestas, ha contribuido a una atmósfera de creciente tensión. Las manifestaciones contra estas acciones se han replicado en distintas ciudades del país.
Maureen McGuire, directora ejecutiva de la Oficina Agrícola del condado de Ventura, informó que entre el 25% y el 45% de los trabajadores del campo han dejado de acudir a sus puestos desde que comenzaron las redadas a gran escala este mes. “Cuando nuestra fuerza laboral siente miedo, los campos se quedan sin cosechar, las empacadoras sufren retrasos y toda la cadena de suministro —desde las tiendas locales hasta los grandes minoristas— se ve afectada. Esto impacta a cada estadounidense que consume alimentos”, advirtió en un comunicado.
California produce más de un tercio de las verduras que se consumen en Estados Unidos y más del 75% de las frutas y frutos secos. Aunque el estado tiene un gobierno demócrata, muchas de las zonas agrícolas son de tendencia republicana. Varios agricultores habían depositado su confianza en la administración Trump para obtener apoyo en asuntos clave como el comercio o la gestión del agua.
Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, señaló que al menos 43 personas han sido detenidas desde el lunes en los condados de Ventura y Santa Bárbara, según cifras del consulado mexicano y estimaciones del grupo tras hablar con familiares de los arrestados.
Elizabeth Strater, de United Farm Workers, afirmó que han recibido reportes de redadas en el Valle Central de California, mientras que Lucas Zucker, de la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible, dijo que agentes federales intentaron ingresar a al menos nueve granjas, pero fueron rechazados por supervisores al no portar órdenes judiciales. “Esto es un ataque masivo a la comunidad inmigrante trabajadora. No están tras objetivos específicos; están actuando a ciegas”, denunció.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin aseguró que seguirán las directrices del presidente, enfocándose en la expulsión de inmigrantes con antecedentes delictivos.
El propio Trump reconoció el jueves la preocupación del sector agrícola ante la posibilidad de quedarse sin mano de obra. “Nuestros grandes agricultores y empresarios del sector hostelero nos han dicho que nuestra política migratoria agresiva les está quitando trabajadores valiosos y experimentados. Esos puestos son casi imposibles de reemplazar”, escribió en sus redes sociales, prometiendo cambios, aunque sin brindar detalles.
Por su parte, la Oficina Agrícola de California indicó que aún no hay un impacto generalizado en la fuerza laboral, pero sí una creciente inquietud. Bryan Little, director de políticas públicas del organismo, reiteró el llamado a una reforma migratoria estructural: “La agricultura californiana depende y valora profundamente a sus trabajadores. Si esta tendencia de operativos federales continúa, el futuro del sector será cada vez más incierto”.
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