La Fiscalía de Taiwán presentó este martes cargos por espionaje contra cuatro personas, entre ellas un exfuncionario vinculado al actual presidente Lai Ching-te, por supuestas filtraciones de información sensible a China, en un caso que ha sacudido al partido gobernante y agudiza las tensiones con Pekín.
Los acusados, que formaban parte del Partido Democrático Progresista (PDP), fueron expulsados el mes pasado por sospechas de colaboración con inteligencia china. Una quinta persona, también expulsada, sigue bajo investigación, según confirmó un fiscal a la agencia AFP.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía del Distrito de Taipéi, los cuatro enfrentan cargos por violar la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección de Información Clasificada, tras presuntamente compartir secretos de Estado con China. También se les acusa de lavado de dinero.
Los fiscales aseguran que las actividades de espionaje se extendieron por un “tiempo prolongado”, incluyeron el intercambio de “información diplomática importante y sensible” y causaron “daños significativos” a la seguridad nacional. Solicitan penas de prisión que oscilan entre cinco y más de 18 años, además de la confiscación de ganancias ilícitas por más de 8,3 millones de dólares taiwaneses (unos 277.000 dólares estadounidenses).
Uno de los principales acusados, identificado por el apellido Huang, habría transmitido información a Pekín mediante una aplicación de mensajería. Huang había trabajado anteriormente con un concejal de la ciudad de Nueva Taipéi, según la agencia estatal CNA. Otro de los implicados, de apellido Ho, fue asistente del actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu, cuando este ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores.
Huang y Ho niegan los cargos. Sin embargo, los otros dos acusados —uno de los cuales trabajó con Lai cuando era vicepresidente y posteriormente presidente— confesaron los hechos, indicó la Fiscalía.
Aunque el espionaje entre China y Taiwán no es nuevo, las autoridades taiwanesas advierten que el riesgo ha aumentado ante la posibilidad de una invasión china. El año pasado, 64 personas fueron procesadas por colaborar con la inteligencia de Pekín, frente a 48 en 2023 y solo 10 en 2022, según datos de la Oficina de Seguridad Nacional. Entre los implicados este año figuran 15 veteranos y 28 militares en servicio activo.
Este escándalo se suma a una serie de casos recientes que han afectado al aparato de seguridad de la isla. En marzo, un tribunal condenó a cuatro soldados —tres de ellos exmiembros del equipo de seguridad presidencial— por entregar información militar a agentes chinos entre 2022 y 2024. Recibieron penas de hasta siete años de prisión y pagos de entre 7.850 y 20.000 dólares.
En abril, el Tribunal Superior de Taiwán impuso algunas de las condenas más severas hasta la fecha: una pareja de la Fuerza Aérea fue sentenciada a 47 y 57 años de cárcel por espiar para Pekín.
Ante el incremento de estas amenazas, el presidente Lai Ching-te calificó recientemente a China como una “potencia extranjera hostil” y anunció reformas para endurecer las medidas de seguridad, incluido el restablecimiento de tribunales militares para juzgar delitos como el espionaje.
Taiwán se gobierna de manera autónoma desde 1949, bajo el nombre oficial de República de China. Cuenta con su propio sistema político, económico y militar, pero Pekín insiste en que la isla forma parte de su territorio y ha intensificado su campaña para lograr la “reunificación nacional”, incluso bajo la amenaza del uso de la fuerza.
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