El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel defendió el reciente aumento en las tarifas de Internet en la isla, a pesar de la ola de críticas y rechazo popular que ha generado. Según sostuvo, los ingresos derivados del alza son necesarios para evitar el “colapso tecnológico” y el “desplome inminente” del sistema de telecomunicaciones.
Durante un episodio de su podcast Desde la presidencia, Díaz-Canel abordó la controversia provocada por el incremento de precios impuesto por el monopolio estatal de telecomunicaciones, ETECSA, y la parcial dolarización de algunos servicios en un país donde gran parte de la población no tiene acceso a divisas extranjeras.
“Renunciar a implementar estas medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya inminente desplome del servicio”, justificó.
El plan, anunciado el 30 de mayo y puesto en marcha el 1 de junio, contempla un paquete básico mensual de 6 GB por 360 pesos cubanos (alrededor de 3 dólares al tipo de cambio oficial para personas naturales). A partir de ese umbral, las recargas resultan inaccesibles para muchos, al superar el salario mínimo o exigir pagos en moneda extranjera.
Las protestas, particularmente en sectores universitarios, obligaron a ETECSA a lanzar una alternativa dirigida a colectivos específicos, como estudiantes, que calificaron la medida como excluyente. “Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo”, insistió Díaz-Canel, quien aseguró que a su gobierno no le agradan las medidas que “limitan beneficios”, pero consideró imprescindible una explicación clara de la situación. En su opinión, el mayor problema es de “comunicación”.
Por su parte, la presidenta de ETECSA, Tania Velázquez, argumentó que el incremento tarifario responde a la urgente necesidad de mantener una infraestructura en franco deterioro. Advirtió que la situación podría derivar en “afectaciones parciales muy graves, incluso generales” en el servicio.
Velázquez reveló que más de 100 radiobases están fuera de servicio sin posibilidad de reemplazo, y que otras 2.000 no cuentan con baterías, por lo que quedan inoperativas durante los frecuentes apagones. Agregó que existen unos 25.000 teléfonos dañados que no pueden ser sustituidos y que hay un déficit de tarjetas SIM que impide la venta de nuevas líneas. Además, muchas instalaciones carecen de sistemas de refrigeración adecuados, lo que compromete aún más el mantenimiento.
“Muchos equipos y plataformas están en riesgo inminente de fallar, lo que limitaría o incluso bloquearía por completo el acceso a nuestros servicios”, alertó Velázquez. Subrayó también la necesidad de inversiones en divisas para garantizar el desarrollo tecnológico futuro.
Según la funcionaria, los ingresos en moneda extranjera —principalmente provenientes de recargas realizadas desde el exterior— han caído un 77% entre 2018 y 2024. Atribuyó esta caída al auge del mercado informal, donde las recargas se ofrecen a precios más bajos y con una tasa de cambio cercana a los 370 pesos por dólar, frente al tipo oficial de 120 pesos impuesto por el Estado.
El descontento ha calado hondo en el ámbito universitario. La Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana emitió una declaración en la que pidió sumar esfuerzos a otras facultades para rechazar el aumento de tarifas. En el texto, exigieron la destitución de los líderes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y se pronunciaron contra posibles represalias hacia estudiantes y docentes.
La carta, dirigida al Consejo de la FEU de la Universidad, al Consejo Nacional de la organización y al Consejo de Dirección de la UH, expresó la “firme intención de unificar las facultades que comprenden la Universidad de La Habana” y solicitó un “espacio público de intercambio” abierto a todo el estudiantado para fomentar el diálogo.
También se pidió la evaluación de la continuidad del actual liderazgo de la FEU en la Universidad y la renuncia del presidente nacional de la organización, Ricardo Rodríguez González, a quien acusan de no representar los intereses de los estudiantes.
La iniciativa recibió el respaldo de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social, que ya había exigido la remoción de los representantes estudiantiles vinculados al oficialismo.
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