La administración Trump ha intensificado su vigilancia sobre niños migrantes, retirando a cientos de ellos de hogares donde ya residían en Estados Unidos y colocándolos bajo custodia gubernamental, según múltiples fuentes con conocimiento del asunto. En muchos casos, los menores han sido separados de sus padres o familiares, dificultando su liberación.
Este giro en la política migratoria se produce mientras Trump y sus asesores critican abiertamente la gestión fronteriza de la administración Biden, alegando que cientos de miles de niños no acompañados ingresaron al país sin supervisión adecuada. Aunque funcionarios del gobierno de Biden reconocen la presión que ejerció el aumento de menores migrantes en 2021, niegan que exista una crisis de niños desaparecidos, como aseguran sus sucesores.
La narrativa de miles de menores en riesgo ha servido como justificación para que el equipo de Trump implemente una “sala de guerra” destinada a revisar datos sensibles y desplegar agentes federales a hogares en todo el país. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha colocado a unos 500 niños bajo custodia federal tras supuestos “controles de bienestar”. En muchos casos, la razón detrás de estas intervenciones ha sido la situación migratoria de sus patrocinadores —usualmente sus propios padres u otros familiares— más que la seguridad de los menores.
El FBI también ha participado en algunas de estas visitas, lo que ha generado inquietud dentro de la propia agencia. Según un funcionario, hay preocupaciones de que estas operaciones están más enfocadas en ubicar y vigilar a adultos indocumentados que en velar por el bienestar infantil. Un portavoz del FBI confirmó su colaboración en estos operativos, destacando que la protección de menores es una prioridad.
Al mismo tiempo, nuevos requisitos de verificación han dificultado que algunos padres o tutores recuperen a sus hijos. Según expertos, defensores de migrantes y exfuncionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), estas medidas perjudican directamente a los menores. “Están estrangulando el programa”, dijo a CNN una fuente cercana a las discusiones internas.
Los niños migrantes no acompañados son inicialmente colocados bajo la tutela de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del HHS que administra refugios temporales en todo el país. Actualmente, más de 2.500 niños permanecen bajo su custodia, y su tiempo de reclusión se ha prolongado significativamente en comparación con años anteriores.
Funcionarios reconocen en privado que las nuevas políticas han limitado las opciones de reubicación, manteniendo a los menores en centros de detención durante periodos más largos. Algunos presentan síntomas de depresión, según fuentes cercanas a las evaluaciones internas.
Durante su primer mandato, Trump fue duramente criticado por separar familias en la frontera sur bajo su política de “tolerancia cero”. Ahora, su administración separa a niños de patrocinadores legales dentro del país, incluso cuando estos son sus familiares, aludiendo a presuntas preocupaciones de seguridad.
Sin embargo, defensores y expertos advierten que ya existen mecanismos para monitorear a los menores una vez liberados. Critican que las nuevas medidas no solo son innecesarias, sino que afectan negativamente a los niños. “Está asustando a la gente y es innecesario”, afirmó Laura Nally, directora del Programa para Niños del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.
A pesar de algunos casos documentados de abuso o trata, los críticos sostienen que enviar agentes migratorios en lugar de trabajadores sociales a realizar controles genera miedo y desconfianza en las comunidades afectadas.
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