El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes que Estados Unidos comenzará a revocar visas de estudiantes chinos, particularmente aquellos con supuestos vínculos con el Partido Comunista de China o inscritos en programas académicos considerados estratégicos por Washington.
El anuncio, realizado a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), se suma a una serie de medidas adoptadas por el gobierno federal que han generado creciente inquietud entre los más de un millón de estudiantes internacionales que actualmente cursan estudios en el país.
En paralelo, el Departamento de Estado envió un cable a embajadas y consulados ordenando la suspensión inmediata de nuevas entrevistas de visa para estudiantes extranjeros. Mientras se elaboran nuevas directrices, se prevé un escrutinio más exhaustivo de la actividad en redes sociales de los solicitantes. Las entrevistas ya programadas seguirán bajo los parámetros actuales, aunque se anticipan cambios significativos en los próximos días.
La medida se produce en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno y las universidades estadounidenses. Días antes, el Ejecutivo intentó bloquear el ingreso de nuevos estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard, una decisión que fue frenada temporalmente por un juez federal mientras se resuelve una demanda en curso.
Desde el Despacho Oval, el presidente Donald Trump defendió la iniciativa y criticó a Harvard por tener más del 25% de su alumnado compuesto por extranjeros. “Quiero asegurarme de que los estudiantes internacionales sean personas que puedan amar a nuestro país”, declaró. Además, sugirió reducir esa proporción al 15%.
El conflicto se intensificó tras un requerimiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que solicitó a Harvard información detallada sobre estudiantes extranjeros involucrados en protestas o actos violentos. La universidad respondió, pero las autoridades calificaron la información como “insuficiente”. Como parte de las presiones, el gobierno ya recortó más de 2.600 millones de dólares en subsidios federales a la institución.
Desde 2019, los solicitantes de visa están obligados a proporcionar sus nombres de usuario en redes sociales. No obstante, el reciente cable del Departamento de Estado indica que los controles se endurecerán aún más, lo que implicaría un uso intensivo de tecnología y personal para evaluar la actividad digital de los aspirantes.
Jonathan Friedman, portavoz de PEN America —organización defensora de la libertad de expresión—, advirtió que esta política podría disuadir a futuros estudiantes de elegir EE.UU. como destino académico. “Los detalles aún son vagos, pero esta iniciativa podría socavar el rol histórico del país como centro de intercambio intelectual y cultural”, alertó.
En febrero, estudiantes que participaron en protestas contra la guerra entre Israel y Hamas fueron arrestados y enfrentaron procesos de deportación. Aunque la administración dio marcha atrás, amplió los criterios por los que un estudiante internacional puede perder su estatus migratorio.
Ante este panorama, instituciones como Northeastern University —que alberga a más de 20 mil alumnos internacionales— ya activaron “planes de contingencia” para mitigar posibles retrasos o cancelaciones de visas, informó su vocera, Renata Nyul. “La situación es muy dinámica, y estamos monitoreando en tiempo real para evaluar cualquier impacto”, aseguró.
Por su parte, Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Educadores Internacionales (NAFSA), lamentó el impacto negativo de la nueva política. “Los estudiantes y académicos internacionales son un motor clave de la innovación, la investigación y la economía estadounidense. Limitar su presencia resulta contraproducente”, sostuvo.
Actualmente, más de 1.1 millones de estudiantes extranjeros cursan estudios en EE.UU., según cifras oficiales. Representan una fuente crucial de ingresos para universidades que, en muchos casos, dependen de las matrículas completas que estos alumnos pagan, ya que no acceden a subsidios federales ni becas estatales.
Aunque aún falta claridad sobre cómo se implementarán las nuevas directrices, el mensaje del gobierno es claro: la puerta de entrada educativa hacia Estados Unidos se está cerrando cada vez más para miles de jóvenes del mundo.
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