La Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó este viernes, de forma expedita, un proyecto de ley que penaliza las búsquedas en línea de información calificada oficialmente como “extremista”. Se trata de la más reciente iniciativa del Kremlin para reforzar su control sobre el acceso a internet.
La nueva legislación convierte en delito la acción de “buscar deliberadamente y acceder a materiales extremistas” en la red, con sanciones que podrían alcanzar multas de hasta 64 dólares. El texto legal ya había sido aprobado a inicios de semana por la Duma (la Cámara Baja) y ahora está listo para ser promulgado por el presidente Vladímir Putin.
La definición oficial de “extremismo” en Rusia es ampliamente ambigua e incluye desde organizaciones opositoras como la Fundación Anticorrupción —fundada por el fallecido líder Alexei Navalny— hasta el movimiento LGBT internacional.
Por ahora, no está claro cómo el gobierno planea identificar a quienes incurran en esta nueva infracción. Las autoridades han asegurado que los usuarios comunes no serán objeto de la medida, la cual —afirman— está dirigida a quienes realicen búsquedas sistemáticas de contenido prohibido. Sin embargo, no han detallado cómo se distinguirá entre unos y otros.
El uso de VPN es habitual entre los ciudadanos rusos para eludir la censura digital. No obstante, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para cerrar brechas legales y bloquear servicios de este tipo. La agencia estatal de supervisión de comunicaciones ha adoptado herramientas tecnológicas más sofisticadas para detectar y bloquear protocolos específicos.
Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas han recrudecido la represión contra voces disidentes. La censura en internet ha aumentado considerablemente, así como los procesos judiciales por publicaciones en redes sociales.
Medios independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos han sido clausurados o forzados al exilio tras ser declarados “agentes extranjeros” o “entidades indeseables”. A su vez, cientos de activistas y críticos del Kremlin enfrentan cargos penales.
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