Power China, la firma estatal china responsable de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, compensará al Estado ecuatoriano con 400 millones de dólares debido a las múltiples fallas estructurales detectadas en la planta, entre ellas miles de fisuras en los distribuidores. Así lo anunció la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, durante una entrevista en Radio Centro.
La funcionaria explicó que este acuerdo es parte de los logros obtenidos tras las gestiones del Gobierno ecuatoriano en China. “Desde el Ministerio de Economía y Finanzas dejamos claro que las fallas en Coca Codo no solo afectan a la empresa, sino que significan pérdidas económicas para el Estado. No se trataba simplemente de exigir una garantía, sino de recuperar ingresos estatales mediante una compensación directa”, puntualizó.
La resolución llega tras años de controversia en torno a la mayor hidroeléctrica del país, cuya construcción estuvo a cargo de Sinohydro, una subsidiaria de Power China. La planta, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, fue inaugurada en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, con una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Desde su fase de pruebas, ya se reportaban problemas técnicos.
Uno de los documentos más relevantes en este proceso fue una carta de junio de 2021, emitida por Harbin Electric Machinery Company Limited —proveedor de componentes—, en la que se reconocía la presencia de grietas en varios distribuidores. Fotografías anexas confirmaban fisuras visibles en al menos tres de las ocho unidades de generación. Según informes técnicos de CELEC EP, estos daños comprometían la seguridad y eficiencia de la operación.
Las fallas fueron detectadas durante inspecciones en talleres y posteriormente en el sitio. Algunas reparaciones no lograron resolver del todo los problemas: se identificaron filtraciones activas de agua en los equipos, particularmente en la unidad 8, incluso después de intervenciones correctivas, como consta en videos y fotografías de la Subgerencia del Proyecto Coca Codo Sinclair.
Una investigación de Infobae publicada en 2022 reveló que Sinohydro ocultó durante años información clave sobre estos defectos. El medio accedió a documentos internos que demostraban que la constructora tenía conocimiento previo de las fisuras, pero aun así entregó la obra. CELEC EP, entidad estatal responsable de la generación eléctrica, inició procesos técnicos para exigir responsabilidades, aunque los arbitrajes no habían prosperado hasta ahora.
El contrato de construcción fue firmado en octubre de 2009, y la planta cuenta con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, aunque nunca ha operado a plena capacidad. La recepción provisional de sus dos fases ocurrió entre agosto y diciembre de 2016. Sin embargo, desde el inicio, el proyecto estuvo marcado por irregularidades técnicas, como la detección de al menos 8.000 fisuras originadas durante la fabricación de los componentes, según informes internos de CELEC EP e inspecciones posteriores.
Aunque se realizaron reparaciones entre 2015 y 2016, una evaluación en 2018 demostró que muchas fallas persistían. CELEC EP confirmó que Sinohydro ocultó los defectos en comunicaciones oficiales. A raíz de ello, el Estado ecuatoriano presentó una demanda arbitral en 2021 por 580 millones de dólares. En respuesta, la empresa china presentó contrademandas en 2024, alegando supuestos incumplimientos contractuales por parte de Ecuador.
Además de los problemas estructurales, la central ha sido señalada como una de las causas del fenómeno de erosión regresiva del río Coca. La retención de sedimentos en su embalse ha intensificado el caudal aguas abajo, acelerando el retroceso del cauce tras el colapso de la cascada San Rafael en 2020. Este proceso ha destruido bosques, carreteras e infraestructura petrolera, y para 2025 la erosión ya se encontraba a menos de cinco kilómetros de las obras de captación de la central.
Pese a los esfuerzos de contención, el avance de la erosión sigue siendo una amenaza grave. Expertos advierten que la vida útil de la hidroeléctrica podría reducirse drásticamente, pasando de los 50 años previstos a apenas 15, comprometiendo no solo su operatividad, sino también el frágil ecosistema amazónico.
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