En un acuerdo trilateral anunciado el 18 de julio de 2025, Estados Unidos, Venezuela y El Salvador concretaron un canje de presos de gran impacto político y mediático. El resultado: diez ciudadanos estadounidenses (entre ciudadanos y residentes permanentes) fueron liberados tras su detención en Venezuela, mientras que más de 250 venezolanos que permanecían encarcelados en El Salvador, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, regresaron a Caracas, en un proceso que incluyó también la liberación de decenas de presos políticos en Venezuela.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, atribuyó la liberación de los estadounidenses al liderazgo del presidente Trump, declarando: “tenemos más estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela que en cualquier otro país del mundo”, y celebró que este canje mencionara la restitución de la justicia hacia ciudadanos retenidos sin el debido proceso.
Por su parte, El Salvador, bajo la dirección de Nayib Bukele, cumplió su rol mediador al entregar a 252 venezolanos al régimen de Maduro. La operación incluyó un pago de USD 6 millones anuales de EE.UU. a El Salvador por la custodia de presos. En Venezuela, el Ejecutivo señaló que el intercambio fue una acción para rescatar a presos políticos y proteger a menores que estaban bajo custodia en el CECOT, incluidos siete niños entre 1 y 12 años.
¿Este canje diplomático representa un precedente beneficioso para la protección de derechos humanos, o implica riesgos al normalizar el intercambio de detenidos por razones políticas?
Este tipo de acuerdos brinda esperanza a familias de presos políticos y detenidos en el extranjero, demostrando que la diplomacia puede revertir detenciones arbitrarias y salvar vidas. Sin embargo, también plantea serios riesgos: requiere que los gobiernos midan cuidadosamente sus procesos judiciales y eviten usar a personas como fichas de negociación, para no perpetuar detenciones injustas con fines políticos.
Este canje marca un hito regional: pone de relieve la compleja intersección entre seguridad migratoria, derechos humanos y diplomacia, impulsando el debate sobre si este modelo debe repetirse o regularse mediante normas internacionales más claras.
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