Tras una ola de protestas en la Ciudad de México contra la gentrificación y el alza en los precios de la vivienda, la alcaldesa Clara Brugada anunció este miércoles un plan para frenar el encarecimiento del alquiler, regular los arrendamientos temporales y estabilizar las rentas en zonas estratégicas de la capital.
Las medidas, que formarán parte de una propuesta de ley, incluirán un “amplio proceso de discusión ciudadana”, según detalló Brugada durante su presentación. El objetivo, afirmó, es proteger a los habitantes tradicionales de barrios donde el costo de vida se ha disparado, en gran parte por la presión del turismo y el auge de plataformas como Airbnb.
El anuncio se produce en medio de un creciente malestar social. Diversos colectivos han convocado una nueva movilización para este fin de semana, en continuidad con la marcha celebrada a inicios de julio, la cual volvió a poner sobre la mesa un fenómeno global: el desplazamiento de residentes locales por el encarecimiento de zonas urbanas populares.
Aunque aquella manifestación transcurrió mayormente de forma pacífica, algunos grupos vandalizaron comercios, rompieron vidrios y lanzaron consignas contra turistas extranjeros como “gringos, dejen de robarnos la casa”. Las autoridades condenaron los hechos, calificándolos de xenófobos e inaceptables.
Tanto la alcaldesa Brugada como la presidenta Claudia Sheinbaum han expresado su disposición a intervenir en el mercado inmobiliario, pero han dejado claro que no tolerarán protestas violentas ni discursos de odio.
Durante el anuncio de este miércoles, un fuerte despliegue policial resguardó el centro de la capital para prevenir concentraciones no autorizadas. Entre las acciones planteadas, Brugada mencionó la creación de un índice de “alquiler razonable”, la regulación de incrementos por encima de la inflación y medidas para incentivar el comercio local.
La gentrificación en Ciudad de México comenzó a sentirse antes de la pandemia, pero se intensificó con la llegada de miles de “nómadas digitales” —principalmente estadounidenses— que comenzaron a establecerse en la ciudad en 2020, atraídos por el bajo costo de vida y una infraestructura atractiva para el trabajo remoto.
Barrios como Condesa y Roma, conocidos por su arquitectura, zonas verdes y vida cultural, se han convertido en epicentro del fenómeno. Allí, los alquileres en dólares y la proliferación de viviendas temporales para extranjeros han desplazado a residentes de larga data y provocado fricciones con la comunidad local.
El Frente Anti-Gentrificación CDMX, uno de los colectivos organizadores de la protesta de julio, subrayó en un comunicado que el problema no es la migración, sino la desigualdad. Acusaron a las autoridades y a las empresas de favorecer a quienes tienen mayor poder adquisitivo —sean locales o extranjeros—, contribuyendo así a la exclusión de los sectores más vulnerables.
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