El viernes 11 de julio de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. inició el despido directo de más de 1,350 empleados con base en los Estados Unidos, como parte de una reorganización impulsada por la administración Trump con autorización reciente del Tribunal Supremo.
Este recorte afecta a 1,107 empleados del Servicio Civil y 246 del Servicio Exterior con sede en los Estados Unidos A ellos se suma un número considerable de salidas voluntarias, ajustado ya en torno a 3,000 bajas totales, lo que representa casi un 15 % de la plantilla nacional, estimada en unas 18,000 personas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida argumentando que el departamento ha acumulado exceso de burocracia e ineficiencias, y que es necesario centrar los recursos en funciones clave de política exterior. La decisión llega tras la resolución del Tribunal Supremo del 8 de julio, que levantó una suspensión legal que impedía despidos masivos en el funcionariado federal.
¿Por qué generó tanta controversia esta medida?
Porque críticos como diplomáticos veteranos, sindicatos como la American Foreign Service Association y senadores demócratas alertan que una reducción de esta magnitud debilita la capacidad diplomática de Estados Unidos, especialmente en un contexto de conflictos globales intensos tales como la guerra en Ucrania y las tensiones en Medio Oriente.
En la sede del Departamento en Washington, se registraron escenas emotivas: empleados despedidos fueron despedidos con aplausos y abrazos, mientras salían cargando cajas con sus pertenencias. Al mismo tiempo, algunos sistemas internos demoraron el envío de notificaciones, generando confusión adicional entre el personal.
Aunque no hay planes inmediatos para reducir personal en misiones en el extranjero, el cierre de oficinas como la de Women’s Issues ya se ha confirmado, con sus funciones integradas a otras divisiones regionales.
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