El recién inaugurado centro de detención de inmigrantes conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en una remota zona de los Everglades, Florida, ha arrancado en medio de una fuerte polémica. Las primeras semanas de operación han estado marcadas por denuncias sobre condiciones precarias, falta de acceso para las autoridades locales y un alto grado de opacidad institucional.
El centro, oficialmente abierto el pasado 2 de julio tras una visita de respaldo del presidente Donald Trump, fue construido en tiempo récord por el gobierno de Florida: menos de dos semanas bastaron para levantar el campamento en un antiguo aeropuerto dentro de una reserva ecológica al oeste de Miami. Allí se instalaron carpas de lona con literas, celdas de malla metálica, baños portátiles y generadores eléctricos. La improvisada infraestructura provocó protestas de ambientalistas y comunidades indígenas, que criticaron tanto el impacto ambiental como la falta de consulta pública.
Las críticas se intensificaron por la negativa del Estado a permitir inspecciones por parte de funcionarios locales y medios de comunicación. Activistas y políticos han advertido sobre la ausencia de transparencia y garantías mínimas de legalidad en las operaciones del centro.
Uno de los primeros detenidos, un hombre mexicano de 38 años con dos décadas viviendo en Estados Unidos, fue trasladado al centro el 3 de julio tras ser arrestado por conducir sin licencia cuando se dirigía a su trabajo en una obra de construcción. Según su esposa, las condiciones dentro del centro son alarmantes: no hay acceso a duchas, la comida consiste únicamente en “sándwiches con un pedacito de jamón” y los cortes de energía son frecuentes. “Si alguien necesita ir a la enfermería, lo llevan esposado de pies y manos. Es un abuso”, denunció.
En una llamada grabada desde el centro, el hombre se escucha decir: “Si me pasa algo, tienes toda mi información, los demandas, porque esto no sirve, no sirve para nada”.
El testimonio se suma a una creciente ola de reportes sobre el estado del centro y sus internos, incluido uno que afirmaba que un detenido fue hospitalizado. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió desmintiendo esa versión y calificando las denuncias como “noticias falsas”. En redes sociales, el DHS acusó a una reportera de difundir “teorías conspirativas” sobre supuestos abusos contra “extranjeros ilegales con antecedentes de violación, homicidio y delitos sexuales contra menores”.
El organismo defendió las condiciones del centro, asegurando que se cumplen “estándares más altos que en la mayoría de las cárceles estadounidenses” y que los detenidos reciben atención médica, alimentación adecuada y facilidades para comunicarse con abogados y familiares.
El condado de Miami-Dade, dueño del terreno donde se construyó el centro, fue excluido de los planes estatales. La ocupación del antiguo aeropuerto se amparó en poderes de emergencia otorgados al gobernador Ron DeSantis. Preocupada por la falta de supervisión, la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, envió una carta al fiscal general del estado solicitando acceso urgente a las instalaciones. “Me preocupan profundamente las muertes y emergencias médicas en centros de detención de inmigrantes, tanto en Florida como en todo el país”, señaló.
Al menos cinco personas han muerto bajo custodia migratoria en Florida en lo que va del año, una cifra que marca un preocupante aumento. Organizaciones de derechos humanos han alertado también sobre hacinamiento y condiciones degradantes en centros similares.
Legisladores estatales demócratas que intentaron visitar Alligator Alcatraz fueron rechazados por razones de “seguridad”, según funcionarios estatales. No obstante, esta semana el gobierno de Florida anunció que permitirá un recorrido oficial por el centro este sábado, dirigido a legisladores estatales y miembros del Congreso.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aclaró que no administra el centro. Según un portavoz, las instalaciones están bajo control del Estado de Florida a través de su División de Manejo de Emergencias, y operadas por miembros de la Guardia Nacional capacitados bajo el programa 287(g), que autoriza a fuerzas estatales a cumplir funciones migratorias.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando con rapidez en soluciones innovadoras y rentables para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales”, indicó el comunicado del ICE.
Mientras tanto, la esposa del hombre detenido en Tampa expresó su angustia. “Nadie merece ese trato, por más errores que haya cometido. Si los van a deportar, que lo hagan, pero no así. No venimos a hacer daño, venimos a trabajar. Ahora hasta los animales tienen más derechos que nosotros”, lamentó.
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