Un total de 344 exempleados de CCC Barcelona Digital Services —empresa subcontratada por Meta para moderar contenido en redes sociales— han interpuesto demandas ante los juzgados de lo Social de Barcelona, reclamando indemnizaciones de hasta 100.000 euros por los daños psicológicos y morales sufridos durante su labor.
Según reveló La Vanguardia y confirmó la agencia EFE mediante fuentes jurídicas, las demandas se dirigen contra varias compañías: CCC, su matriz Telus Communications (que adquirió la empresa en 2020), Meta Platforms Ireland Limited (la filial europea de Meta con sede en Dublín) y Facebook Spain S.L. (encargada del negocio publicitario en Madrid). El despacho Bastet Advocats, que representa a más de la mitad de los demandantes, coordina la ofensiva legal.
El abogado Robert Castro, portavoz del bufete, subrayó al citado medio que esta es una acción judicial “sin precedentes en Europa contra Meta por daños morales y psicológicos”. Además, adelantó que la cifra de demandas podría superar las 500 antes de que termine septiembre. “Exprimen a los trabajadores en empresas subcontratadas, y cuando ya no les sirven, cierran y se trasladan a otro país para repetir el modelo”, denunció.
Los denunciantes trabajaban como moderadores de contenido, revisando manualmente publicaciones que podían infringir las normas de plataformas como Facebook e Instagram. Cada uno debía examinar entre 350 y 450 publicaciones diarias, muchas de ellas con imágenes extremadamente perturbadoras: suicidios, abusos sexuales a menores, violencia extrema, torturas animales o decapitaciones, según detalla La Vanguardia.
La exposición constante a este tipo de material ha generado, según las demandas, graves consecuencias para la salud mental de muchos empleados: ansiedad severa, insomnio, pesadillas, hipervigilancia, trastorno de estrés postraumático e incluso pensamientos suicidas. Algunos requirieron hospitalización o ingreso psiquiátrico. Las reclamaciones apuntan a que se violó su “integridad moral y salud emocional”.
Pese a la dureza del trabajo, los exempleados denuncian que el apoyo psicológico brindado por la empresa fue completamente insuficiente. “Los servicios de bienestar se limitaban a hacerte pintar mandalas”, relató Castro, en alusión a sesiones de relajación de apenas 45 minutos sin seguimiento clínico. Incluso, algunos empleados afirman que les ponían “vídeos de gatitos” como método para reducir el estrés.
Aunque los contratos eran formalmente con CCC, las demandas sostienen que Meta era el empleador real, ya que imponía los criterios de productividad, supervisaba el trabajo y dictaba los protocolos y algoritmos. Esta relación directa es uno de los argumentos clave de la ofensiva judicial.
En abril de 2025, CCC cerró sus oficinas en Barcelona tras finalizar su contrato con Meta, dejando en la calle a más de 2.000 empleados. Los demandantes consideran que esta fue una maniobra más dentro de una estrategia global para esquivar responsabilidades laborales, trasladando las tareas a nuevas sedes en el extranjero.
La batalla legal ya tiene fechas definidas. Los primeros juicios arrancarán en septiembre de 2025, aunque algunas vistas están programadas hasta octubre de 2027, según las partes implicadas.
Este proceso podría sentar un precedente en Europa. En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció como accidente laboral el trastorno psicológico de un moderador de CCC, y la empresa fue condenada a indemnizarlo con 40.000 euros.
No es la primera vez que Meta enfrenta este tipo de demandas. En 2020, la compañía fue condenada en Estados Unidos a pagar 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores tras una demanda colectiva presentada en California. Sin embargo, según Castro, la magnitud de las denuncias presentadas en Barcelona marca un nuevo hito en el continente europeo.
Este caso reaviva un debate urgente sobre los riesgos psicosociales en el entorno digital, donde miles de trabajadores enfrentan contenidos extremos sin una protección legal adecuada. “El sistema actual no protege a los trabajadores digitales”, concluye Castro, “y los deja desamparados ante las secuelas mentales de un trabajo invisible pero esencial para las grandes plataformas tecnológicas”.
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