Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro, renunció este jueves al cargo de canciller tras manifestar desacuerdos con recientes decisiones del Gobierno, justo cuando se define la adjudicación de un millonario contrato para la expedición de pasaportes, un tema que ha generado controversia en el país.
“En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”, expresó Sarabia en una carta dirigida al presidente Petro y publicada en su cuenta de X (antes Twitter). No detalló cuáles fueron las determinaciones que motivaron su salida del cargo.
Esta es la segunda vez que Sarabia presenta su renuncia en el actual gobierno. En junio de 2023 dejó la jefatura de gabinete tras una denuncia de su exniñera, quien la acusó de haberla obligado a someterse a una prueba de polígrafo luego de la desaparición de un maletín con dinero en su residencia. El caso aún está en investigación judicial y ha salpicado a miembros de la Policía por presuntas interceptaciones ilegales a la empleada.
Desde el inicio del mandato de Petro en 2022, Sarabia ha ocupado varios cargos clave: fue su jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, lideró el Departamento de Prosperidad Social y, desde febrero de este año, ejercía como ministra de Relaciones Exteriores.
“La parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado”, escribió en su despedida, en la que también deseó al mandatario un “cierre de gobierno exitoso”.
Su renuncia se produce en medio de una pugna interna por la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes, actualmente en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado el proceso durante la última década. Sarabia defendía la continuidad con ese proveedor, argumentando que la Imprenta Nacional —la alternativa propuesta por el Gobierno en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal— aún no está lista para asumir esa responsabilidad.
Sin embargo, sus declaraciones fueron desautorizadas públicamente por el nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade, quien anunció que se firmará un acuerdo con Portugal para iniciar la preparación de la Imprenta Nacional, con el objetivo de garantizar la expedición oportuna de los pasaportes.
El contrato ha estado en el centro del debate desde que el anterior canciller, Álvaro Leyva, fuera suspendido por la Procuraduría debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación, cuyo presupuesto ronda los 150 millones de dólares.
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