El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración no destinará fondos federales a organizaciones no gubernamentales que, según él, están implicadas en disturbios, sin importar lo que decida el Congreso respecto a una resolución legislativa en curso.
“La ley del congresista Kevin Kiley ‘NO A LOS IMPUESTOS PARA DISTURBIOS’ debe aprobarse de inmediato. Por la presente, instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”, escribió Trump en su red Truth Social.
Sin nombrarlas directamente, el líder republicano acusó a estas organizaciones de utilizar fondos públicos para “incitar disturbios, incendiar o destruir ciudades” y luego solicitar más dinero “para ayudar a reconstruirlas”. “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”, sentenció.
La iniciativa mencionada por Trump fue presentada por el congresista republicano Kevin Kiley, representante de California, quien busca impedir que ONG involucradas en la organización de protestas violentas reciban financiación federal o gocen de beneficios fiscales. Su propuesta también plantea aumentar las penas por agredir a agentes federales y obstruir operativos migratorios.
En el texto legislativo, Kiley señala específicamente a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), una organización sin fines de lucro que, según él, recibió 34 millones de dólares en fondos estatales y habría jugado un papel central en las recientes protestas contra redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al compartir en tiempo real la ubicación de los operativos.
CHIRLA ha negado cualquier implicación en las manifestaciones y actualmente es objeto de una investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que intenta determinar si la organización utilizó fondos federales otorgados durante la presidencia de Joe Biden para fomentar disturbios en Los Ángeles.
La directiva de Trump se conoce un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo clave que limita el poder de los jueces federales para suspender decisiones presidenciales. “¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos!”, celebró Trump en Truth Social, aludiendo también al impacto indirecto del fallo sobre su decreto que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes en situación irregular o con permisos temporales como asilo o visas.
En declaraciones posteriores a la prensa, calificó la decisión del tribunal como “brillante” y aseguró que ahora podrá avanzar con más políticas que, según él, han sido bloqueadas injustamente. “Tenemos muchísimas”, añadió.
El fallo de la Corte Suprema —adoptado por seis votos contra tres— establece que las órdenes de alcance nacional emitidas por jueces federales “probablemente exceden la autoridad” otorgada por el Congreso. La jueza conservadora Amy Coney Barrett, autora del dictamen, subrayó que los tribunales no deben asumir una función de supervisión general del poder ejecutivo y advirtió que “cuando un tribunal concluye que el Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también exceda sus facultades”.
Las tres juezas progresistas del máximo tribunal votaron en contra y expresaron su desacuerdo con la mayoría.
El caso en cuestión giraba en torno a si un solo juez federal de distrito puede bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mientras se litiga su legalidad. Entre las medidas afectadas por fallos de este tipo figura el polémico decreto que Trump firmó el 20 de enero, día de su toma de posesión, para restringir la ciudadanía automática garantizada por la 14ª Enmienda, en vigor desde hace más de 150 años.
Dicho decreto fue suspendido por tribunales de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington, que lo consideraron inconstitucional. La administración Trump apeló ante la Corte Suprema, que ahora ha dado un giro que podría tener profundas implicaciones para futuras decisiones ejecutivas.
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