El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este viernes una importante victoria al presidente Donald Trump en uno de los casos más relevantes de este curso judicial, relacionado con la ciudadanía por nacimiento. En una jornada frenética en la que se esperaban seis fallos clave, los nueve magistrados del alto tribunal evitaron pronunciarse sobre el fondo del asunto: la constitucionalidad del decreto con el que Trump pretende eliminar el derecho automático a la nacionalidad para los nacidos en suelo estadounidense, especialmente hijos de inmigrantes en situación irregular.
En cambio, el Supremo se centró en una cuestión de procedimiento: si las resoluciones de jueces federales que contradicen órdenes ejecutivas deben aplicarse en todo el país o limitarse únicamente a quienes presentan la demanda. El fallo, de 119 páginas y aprobado por seis votos contra tres, refleja la habitual división ideológica del tribunal: los seis jueces conservadores votaron a favor, mientras que las tres magistradas liberales se opusieron.
La sentencia, redactada por la jueza Amy Coney Barrett —una de las tres nombradas por Trump durante su primer mandato— establece que, a partir de ahora, los fallos de los jueces federales sobre decisiones presidenciales deberán aplicarse “de la manera más limitada posible”. Con esta decisión, el Supremo reduce significativamente el alcance de las resoluciones judiciales y allana el camino para que la actual Administración avance sin tantas trabas legales. Además, el tribunal deja la puerta abierta para retomar más adelante el análisis de fondo sobre la validez constitucional del decreto que busca acabar con la ciudadanía por nacimiento.
Aunque pueda parecer un tema técnico o meramente procesal, el fallo tiene profundas implicaciones políticas y jurídicas. Redibuja el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, modifica la dinámica de un sistema legal ya de por sí complejo, y fortalece el poder del presidente en detrimento del control judicial. En la práctica, refuerza la estrategia de Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha gobernado a golpe de decretos y órdenes ejecutivas.
Durante estos primeros cinco meses de su nuevo mandato, numerosos jueces federales en distintas partes del país han bloqueado esas órdenes, ejerciendo un papel que en Estados Unidos es mucho más político que en otros sistemas judiciales. Los jueces federales son nombrados por el presidente de turno —sea demócrata o republicano— y ratificados por el Senado, lo que les otorga una influencia considerable.
Tras la decisión del Supremo, las futuras suspensiones de decretos presidenciales por parte de un solo juez ya no tendrán efectos automáticos en todo el país. Esto marca un cambio de paradigma en la forma en que se controla el poder presidencial.
Cabe destacar que Trump no es el único mandatario que ha cuestionado este modelo. Desde la era de George W. Bush, el creciente uso del poder ejecutivo ha ido acompañado por una mayor capacidad de los tribunales para frenarlo, algo que ha generado frustración en todas las administraciones, incluidas las de Barack Obama y Joe Biden.
El decreto que ha dado origen a este conflicto fue firmado por Trump en su primer día de regreso al Despacho Oval y tenía como objetivo eliminar el derecho a la ciudadanía automática, consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, fue rápidamente bloqueado por tres jueces federales, cuyas órdenes tenían efectos en todo el país… hasta ahora.
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