El gobierno de Panamá declaró este viernes un nuevo estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, el corazón de la producción bananera del país, en respuesta a la creciente violencia durante las protestas que ya se extienden por casi dos meses. La medida, que restringe derechos constitucionales como el libre tránsito y la libre reunión, estará vigente durante cinco días.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien explicó que la decisión busca “restablecer la paz y el orden” tras una serie de incidentes violentos, incluyendo la irrupción forzada al aeropuerto de Changuinola y el saqueo de oficinas de la transnacional bananera Chiquita Brands.
El presidente José Raúl Mulino y su gabinete aprobaron la medida tras evaluar el creciente caos en Bocas del Toro, donde la actividad bananera permanece prácticamente paralizada. La nueva emergencia sustituye a la decretada el pasado 27 de mayo, que aunque atendía la crisis por huelgas y bloqueos de vías, no contemplaba la suspensión de garantías individuales.
El Ministerio de Seguridad ya había desplegado a más de 1.500 agentes en la provincia para intentar liberar las vías bloqueadas, pese a un acuerdo previo entre el gobierno y los sindicatos que incluía el levantamiento de las protestas. Sin embargo, la situación se recrudeció esta semana con nuevos disturbios y actos de vandalismo.
La Asamblea Nacional había aprobado recientemente una ley para restituir beneficios al sector bananero, que fueron eliminados en una reforma a la seguridad social en marzo y que desataron protestas en varias regiones del país. No obstante, los manifestantes denuncian que las respuestas del Ejecutivo han sido insuficientes.
Francisco Smith, líder del sindicato bananero y quien había participado en negociaciones con el gobierno, fue detenido el 15 de junio por su presunta vinculación con los disturbios. Desde entonces permanece bajo custodia.
Según las autoridades, los enfrentamientos han dejado más de 50 personas detenidas, así como varios heridos, tanto civiles como policías. También se investiga la muerte de un joven ocurrida en el contexto de las manifestaciones.
Durante la tarde y noche del jueves, grupos de encapuchados tomaron por la fuerza el aeropuerto de Changuinola, vandalizaron vehículos de alquiler y saquearon la sede local de Chiquita. También se reportaron daños en la oficina del Servicio Nacional de Protección Civil y un incendio parcial en el estadio de béisbol del poblado.
Como consecuencia de la huelga, Chiquita anunció el cese de sus operaciones en la provincia y la eliminación de más de 4.500 empleos, argumentando pérdidas económicas superiores a los 45 millones de dólares.
El ministro Orillac justificó la restricción temporal de derechos señalando que busca impedir que “grupos radicales y delictivos” continúen organizando actos violentos que amenacen la seguridad ciudadana y la propiedad pública y privada.
Las protestas en Bocas del Toro y otras zonas del país comenzaron a finales de abril, motivadas por un paquete de inconformidades que incluye el acuerdo de seguridad firmado con Estados Unidos, la posible reapertura de una mina cerrada en el gobierno anterior y, especialmente, los cambios en el sistema de pensiones.
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