A menos de dos semanas del lanzamiento oficial de la Nintendo Switch 2, la compañía japonesa ya ha comenzado a tomar medidas drásticas contra usuarios que han modificado la consola para evadir los pagos por sus videojuegos. El blanco de estos castigos es el cartucho conocido como MIG Flash, un dispositivo capaz de cargar cientos de títulos mediante el uso de ROMs.
Desde hace años, existen cartuchos especiales que permiten a los jugadores ejecutar copias de juegos en consolas de Nintendo de forma no autorizada. El MIG Flash, en particular, ha ganado notoriedad por su compatibilidad tanto con la Switch original como con su sucesora. Algunos usuarios argumentan que su uso se limita a respaldos legales de sus propios títulos, pero Nintendo no ha hecho distinciones: ha comenzado a aplicar baneos masivos, restringiendo el acceso a funciones clave como el juego en línea.
Para Nintendo, esta práctica representa una amenaza directa a sus ingresos y a la protección de su propiedad intelectual. Y aunque no es nuevo que las empresas tomen medidas contra la piratería, el nivel de respuesta de Nintendo ha sorprendido por su contundencia. Con la Switch 2, la compañía parece haber endurecido significativamente sus políticas.
La nueva consola llegó al mercado con múltiples actualizaciones, una de ellas especialmente polémica: permite a la compañía detectar modificaciones en el sistema y limitar ciertas funciones si se identifica el uso de software o hardware no autorizado. Es exactamente lo que ha ocurrido con los usuarios del MIG Flash. La primera oleada de baneos ya ha dejado a cientos de jugadores sin acceso a la tienda oficial, a aplicaciones como YouTube y, especialmente, al juego en línea.
Esto ha generado un debate dentro de la comunidad. Si bien muchos utilizan el MIG Flash para jugar de forma ilegal, otros aseguran que lo usan simplemente como una herramienta de almacenamiento adicional, para evitar el constante cambio de cartuchos. Sin embargo, al no ser un accesorio aprobado por Nintendo, su uso sigue siendo motivo suficiente para sanciones, incluso si el usuario alega un uso legítimo.
Aunque Nintendo aún no ha publicado un comunicado oficial al respecto (al 18 de junio de 2025), ya en mayo la compañía había actualizado sus términos de servicio, advirtiendo sobre posibles sanciones por modificaciones no autorizadas, incluyendo restricciones en el acceso a servicios online e incluso el bloqueo total de la consola (bricking).
Con esta nueva política, Nintendo deja claro que no tolerará ningún intento de eludir sus controles, reforzando su histórica postura de tolerancia cero frente a la piratería.
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