La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se encuentra ante una decisión clave que podría posicionar al estado como pionero en la regulación de la inteligencia artificial más avanzada. La esperada firma de la RAISE Act (S6953B/A6453B), aprobada casi por unanimidad por ambas cámaras legislativas, convertiría a Nueva York en el primer estado del país en establecer un marco legal integral para los llamados “modelos de frontera”, con implicaciones directas para gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Anthropic.
La ley, impulsada por el senador Andrew Gounardes y el asambleísta Alex Bores, fue presentada en marzo de 2025 y recibió luz verde el 12 de junio con 58 votos a favor y solo uno en contra en el Senado. Este amplio respaldo refleja un consenso creciente sobre la necesidad de intervenir en el desarrollo de sistemas de IA que superen ciertos umbrales de complejidad y capacidad, como los entrenados con más de 10^26 operaciones computacionales o cuya inversión supere los 100 millones de dólares.
De recibir la firma de Hochul antes de mediados de julio, la ley entraría en vigor 90 días después, en octubre de 2025. Esto daría a las empresas afectadas un plazo limitado para adaptarse a nuevos requisitos, que incluyen la publicación de protocolos de seguridad, auditorías independientes anuales y reportes obligatorios de incidentes críticos en un máximo de 72 horas.
La RAISE Act busca evitar errores de iniciativas similares, como la fallida SB 1047 de California. Por eso, eliminó disposiciones controversiales como los “interruptores de emergencia” y acotó responsabilidades sobre modelos derivados. Además, excluye del alcance regulatorio a desarrolladores pequeños y al ámbito académico, centrándose en sistemas con alto potencial de riesgo.
Los desarrolladores de modelos de frontera deberán demostrar medidas de protección contra accesos no autorizados, evaluar amenazas como el uso de IA para fines biológicos o criminales, y revisar anualmente sus sistemas. Las auditorías serán clave: sus resultados deberán enviarse a los reguladores y abrirán la puerta a un nuevo mercado de expertos en seguridad de IA.
Las sanciones económicas también son contundentes: una primera infracción podría costar hasta el 5% del gasto en computación (mínimo 10 millones de dólares), y las reincidencias podrían alcanzar el 15% (máximo 30 millones), cifras significativas incluso para los actores más grandes de la industria.
La ley ha dividido al ecosistema de IA. Unos 40 expertos de renombre, como Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, enviaron una carta de apoyo a Hochul, calificando la iniciativa como “sensata” y “prudente”. En cambio, voces influyentes del sector tecnológico como la firma Andreessen Horowitz han criticado la medida, asegurando que obstaculizará la innovación estadounidense frente a rivales globales. Organizaciones como la American Innovation Network han lanzado campañas de presión con presupuestos millonarios para frenar su promulgación.
Otros críticos señalan que la ley podría generar más burocracia que beneficios reales. El American Enterprise Institute advierte que el cumplimiento formal podría sustituir la verdadera seguridad, y estima que los costos anuales para las empresas podrían superar los 15 millones de dólares.
Más allá del ámbito estatal, la RAISE Act se enmarca en un debate global sobre cómo gobernar tecnologías emergentes. Su enfoque, más restringido que el de la ley europea de IA, representa un nuevo modelo estadounidense de regulación basada en riesgos concretos. Sin embargo, su aplicación presenta desafíos importantes: desde la falta de auditores especializados hasta el interrogante de si un solo estado puede fiscalizar a actores globales.
La decisión de Hochul no solo marcará el rumbo de Nueva York, sino que podría catalizar regulaciones similares en otros estados. En 2024, más de 40 jurisdicciones consideraron leyes sobre IA, reflejando el vacío regulatorio a nivel federal tras la derogación de la orden ejecutiva de Joe Biden por la administración Trump.
En paralelo, hay intentos en el Congreso para imponer una moratoria de 10 años a leyes estatales sobre IA. Sin embargo, más de 260 legisladores de los 50 estados se oponen a esta iniciativa, defendiendo el derecho de los estados a legislar sobre tecnologías que transforman la sociedad.
Sea cual sea su decisión, la gobernadora Hochul está a punto de definir si Nueva York liderará la próxima etapa de la gobernanza tecnológica en Estados Unidos.
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