La policía de Los Ángeles actuó con rapidez la noche del martes para imponer un toque de queda en el centro de la ciudad, deteniendo a manifestantes minutos después de su entrada en vigor. Las autoridades desplegaron agentes a caballo y utilizaron proyectiles antidisturbios para dispersar a cientos de personas que protestaban contra la política migratoria del presidente Donald Trump.
Detrás de escudos de plástico, miembros de la Guardia Nacional permanecieron vigilantes, aunque no participaron directamente en los arrestos. Para el final de la noche, la mayoría de los manifestantes se habían dispersado, dejando solo algunos enfrentamientos menores, muy por debajo de la intensidad registrada en noches anteriores.
Según las autoridades, el toque de queda —que abarca un área de 2,5 kilómetros cuadrados en el corazón del centro angelino— busca frenar actos de vandalismo y saqueo atribuidos a agitadores infiltrados en las protestas. La medida fue decretada tras cinco días consecutivos de movilizaciones, y se extenderá al menos hasta la mañana del miércoles.
“Llegamos a un punto de inflexión”, declaró la alcaldesa Karen Bass en conferencia de prensa, al informar que 23 negocios habían sido saqueados. La orden de toque de queda excluye a residentes de la zona, personas sin hogar, medios de comunicación acreditados y personal de emergencias, según aclaró el jefe de policía Jim McDonnell.
McDonnell también informó que el martes se realizaron 197 arrestos, incluidos 67 manifestantes que bloquearon ilegalmente la autopista 101. Las detenciones, en su mayoría por no dispersarse, también incluyeron cargos graves como agresión con arma mortal, saqueo, vandalismo e intento de asesinato por el lanzamiento de una bomba molotov. Siete agentes resultaron heridos, dos de ellos hospitalizados y posteriormente dados de alta.
Las manifestaciones comenzaron el viernes tras redadas migratorias en lugares de trabajo que resultaron en decenas de detenciones. Durante el fin de semana, las protestas escalaron con bloqueos de autopistas y vehículos incendiados. La policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.
El gobernador Gavin Newsom criticó duramente la respuesta federal, acusando a Trump de lanzar una “red de arrastre militar” sobre la segunda ciudad más grande del país. Aunque la Guardia Nacional fue desplegada inicialmente para proteger edificios federales, algunos elementos comenzaron a asistir a agentes de inmigración durante arrestos, lo que llevó a Newsom a solicitar a una corte federal que detuviera esta colaboración por temor a un aumento de las tensiones. El juez fijó una audiencia para el jueves.
Trump, por su parte, ha activado a más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines, pese a la oposición de autoridades estatales y locales. Incluso dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una herramienta legal que permitiría el uso directo del ejército en territorio nacional para controlar disturbios o hacer cumplir la ley.
Las protestas también se han replicado en otras ciudades del país, incluyendo Dallas, Austin, Chicago y Nueva York, donde unas mil personas se manifestaron y se realizaron múltiples arrestos. En Texas, la Guardia Nacional se encuentra en “estado de espera” en zonas donde se esperan nuevas concentraciones, según el portavoz del gobernador Greg Abbott. En San Antonio, también se desplegaron tropas, aunque no se ha informado cuántas ni los detalles del operativo.
Mientras tanto, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan en Los Ángeles. Autoridades locales y organizaciones comunitarias han reportado operaciones en bibliotecas, lavaderos de autos y tiendas Home Depot. Ante el temor de que agentes migratorios asistan a eventos escolares, algunas ceremonias de graduación han reforzado la seguridad e incluso han ofrecido la opción de transmisión por Zoom para los padres.
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