Lee Jae-myung se convertirá en el nuevo presidente de Corea del Sur tras imponerse con claridad en unas elecciones anticipadas marcadas por la inestabilidad política. Su llegada al poder coincide con un momento especialmente delicado: enfrenta un proceso judicial que podría convertirse en el mayor desafío de su mandato.
Con su victoria, el liberal Partido Democrático (PD) regresa al poder luego de la destitución histórica del conservador Yoon Suk-yeol. El expresidente fue removido en diciembre por el Tribunal Constitucional tras imponer ilegalmente la ley marcial, lo que desató una grave crisis institucional.
Lee, nacido en 1964 en la ciudad de Andong, creció en la pobreza y logró salir adelante gracias a una beca que le permitió estudiar Derecho. Se inició como abogado especializado en derechos humanos antes de dar el salto a la política en 2004. Fue alcalde de Seongnam entre 2010 y 2018, y posteriormente gobernador de Gyeonggi, la provincia más poblada del país.
Durante su gestión pública se destacó por una política de gasto eficiente y programas de bienestar, como un plan de ingreso básico para jóvenes. Sin embargo, su carrera ha estado salpicada de controversias, entre ellas disputas familiares y una acusación de corrupción ligada a su etapa como alcalde.
El caso más grave apunta a su presunta implicación en un esquema de reparto de beneficios por un desarrollo inmobiliario en Daejang-dong. El escándalo adquirió mayor notoriedad tras la muerte en 2021 de Kim Moon-ki, uno de los implicados, en circunstancias aún rodeadas de especulación.
Tras perder por un estrecho margen las elecciones presidenciales de 2022 frente a Yoon, Lee regresó con un perfil más conciliador. El 27 de abril fue nominado como candidato presidencial con un respaldo interno del 89,77 %, apenas días después de la caída institucional del gobierno anterior.
Pero su pasado judicial sigue persiguiéndolo. En mayo, el Tribunal Supremo ordenó reabrir un juicio por presunta falsedad en declaraciones relacionadas con el caso Daejang-dong. Aunque fue absuelto en segunda instancia, la sentencia fue anulada y se ha fijado una nueva audiencia para el 18 de junio.
La Constitución surcoreana prohíbe procesar penalmente a un presidente en funciones, salvo por delitos de insurrección o traición. Sin embargo, persiste un debate legal sobre si esa inmunidad se aplica a procesos iniciados antes de la toma de posesión. Algunos juristas creen que los casos deben continuar; otros, que deberían suspenderse hasta el fin del mandato.
Si los tribunales siguen la línea marcada por el Supremo —como suele ocurrir—, Lee podría recibir un fallo adverso. Aunque esto no implicaría necesariamente su destitución, sí pondría en duda la legitimidad de su gobierno.
Durante la campaña, Lee adoptó un tono más moderado, alejándose de su estilo combativo habitual y acercándose a posiciones de centro conservador. Su discurso giró en torno a propuestas económicas y tecnológicas, sin abandonar la promesa de mayor justicia social.
Entre sus planes destaca la creación de un Ministerio de Clima y Energía, junto con políticas de impulso a la industria y la transformación digital. En materia de género, evitó la confrontación ideológica y propuso fortalecer el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, en contraposición a sus rivales conservadores, que proponen su eliminación.
En el plano internacional, Lee apuesta por una diplomacia pragmática, centrada en resultados tangibles. Aunque ha mantenido un perfil bajo respecto a Corea del Norte, ha manifestado su intención de reactivar el diálogo intercoreano como vía para la estabilidad regional. En relación con los aranceles reintroducidos por Estados Unidos bajo Donald Trump, busca un equilibrio entre el pragmatismo económico y los intereses estratégicos del país.
Su equipo define esta política exterior como “pragmática y de beneficio mutuo”, basada en la transparencia, el diálogo y alianzas construidas “sobre la confianza, no sobre la alineación automática”.
De acuerdo con la legislación vigente para elecciones extraordinarias, Lee asumirá el cargo sin período de transición. La ceremonia de investidura está programada para este miércoles, apenas unas horas después del anuncio oficial de los resultados.
Junto a los desafíos económicos y geopolíticos, Lee tendrá que lidiar con una sociedad profundamente dividida por diferencias ideológicas, generacionales y de género. En su último mitin, celebrado el lunes en Seúl, prometió iniciar una “revolución luminosa” y se comprometió a esclarecer la caída de su predecesor. “Encontraremos sin falta a los responsables de la insurrección, aclararemos los hechos con precisión y haremos que los principales implicados rindan cuentas”, afirmó.
“Si el pueblo une sus fuerzas —concluyó—, lograremos frenar la violencia de los poderosos y proteger a los débiles. Construiremos una gran nación armoniosa donde todos podamos vivir juntos y con esperanza”.
En una Corea del Sur aún sacudida por su segunda destitución presidencial en apenas tres ciclos, Lee Jae-myung enfrenta el desafío de cerrar heridas y abrir una nueva etapa de reconciliación. Pero su capacidad para lograrlo dependerá, en gran medida, del desenlace de su juicio pendiente.
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