La Corte Suprema de Estados Unidos dio este viernes luz verde al gobierno de Donald Trump para suspender un programa de parole humanitario impulsado durante la presidencia de Joe Biden, que permitía a unos 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residir y trabajar temporalmente en el país.
Es la segunda victoria legal en el mes para la administración Trump en su ofensiva contra medidas migratorias heredadas de su sucesor. Semanas antes, el alto tribunal ya había allanado el camino para anular un programa que otorgaba permisos laborales a cientos de miles de venezolanos.
La decisión más reciente se tomó mediante una orden breve y no firmada, con la disidencia de las juezas progresistas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Aunque el fallo no es definitivo —el caso aún sigue su curso en tribunales inferiores—, permite al Ejecutivo acelerar las deportaciones de los beneficiarios del programa.
Desde la década de 1950, la ley federal ha facultado al gobierno para otorgar permisos temporales por razones humanitarias a ciertos migrantes. Ejemplo histórico de ello fue el programa de acogida a refugiados húngaros tras la represión soviética en la posguerra. En general, el “parole” otorga estatus legal temporal por hasta dos años, permitiendo a los migrantes trabajar y residir en EE.UU.
En 2023, la administración Biden lanzó un plan para otorgar este beneficio a migrantes calificados de los cuatro países mencionados, siempre que se sometieran a revisión previa, tuvieran un patrocinador en Estados Unidos y superaran controles de seguridad. En contraste, Trump firmó en su primer día de mandato un decreto para revocar unilateralmente el programa.
El foco del debate legal no está en la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para otorgar o retirar estos permisos —atribución reconocida por ambas partes—, sino en cómo debe ejercerse: si la cancelación puede aplicarse de manera general o debe hacerse caso por caso. El gobierno de Biden sostiene que realizó revisiones individuales antes de aprobar los permisos.
En documentos presentados ante la Corte Suprema, la administración Trump argumentó que revocar el programa de parole era una de sus decisiones migratorias más trascendentes. Según sus abogados, las órdenes judiciales que bloquearon la medida comprometieron políticas clave diseñadas para desalentar el ingreso irregular al país.
En respuesta, un grupo de migrantes afectados presentó una demanda, y la jueza federal de distrito Indira Talwani —nombrada por Barack Obama en 2013— emitió una orden para impedir la eliminación completa del programa, aunque dejó abierta la posibilidad de que se revocaran permisos de forma individual.
El 5 de mayo, un tribunal federal de apelaciones en Boston —conformado por dos jueces nombrados por Biden y uno por Obama— ratificó la orden de Talwani, cuestionando que la secretaria Noem tuviera la potestad de eliminar el programa en bloque.
El caso se suma a más de una docena de apelaciones de emergencia que han llegado a la Corte Suprema desde que Trump asumió la presidencia, muchas de ellas centradas en políticas migratorias. El 15 de mayo, el tribunal también escuchó argumentos sobre otra propuesta polémica: eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y restringir la capacidad de los tribunales para frenar dicha acción.
Además, en decisiones recientes, el tribunal ha ordenado al gobierno facilitar el regreso de un salvadoreño deportado por error y ha bloqueado temporalmente la deportación de un grupo de venezolanos en Texas, invocando una antigua autoridad presidencial en tiempos de guerra.
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