La Administración de Donald Trump aumentó este martes la presión sobre la Universidad de Harvard con una medida sin precedentes: ordenó a todas las agencias federales cancelar sus contratos con la institución, en un golpe financiero estimado en 100 millones de dólares. Aunque esta cifra representa una fracción del vasto patrimonio de Harvard —que posee una dotación de más de 53.000 millones de dólares—, la acción forma parte de una ofensiva mucho más amplia que podría costarle hasta 3.000 millones adicionales en fondos federales, además de los 3.200 millones ya congelados y la amenaza de perder su estatus de exención fiscal.
La nueva escalada coincide con una cita clave en los tribunales: este martes, abogados del Gobierno y de la universidad se enfrentan ante la jueza Allison D. Burrough en Boston. El viernes pasado, la magistrada suspendió temporalmente una orden de la Casa Blanca que prohibía a Harvard aceptar nuevos estudiantes internacionales, revocaba los visados F-1 y J-1 de los alumnos ya matriculados y los dejaba en un limbo legal, forzándolos a abandonar el país o arriesgarse a la deportación.
La medida había sido anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien notificó la cancelación del programa de intercambio a través de una carta enviada el jueves. En respuesta, Harvard interpuso una demanda contra el Gobierno. La disputa afecta directamente a unos 6.800 estudiantes extranjeros, lo que representa el 27% del total de su alumnado.
La orden de cancelar contratos federales con Harvard también llegó por escrito este martes, firmada por la Administración de Servicios Generales. En la misiva, el Gobierno acusa a la universidad de “discriminación racial” en sus procesos de admisión y otras áreas de la vida estudiantil, señalando supuestas políticas que beneficiarían a afroamericanos e hispanos en detrimento de blancos y asiáticos.
El documento también arremete contra el supuesto auge del antisemitismo en el campus, criticando la «inacción constante» de Harvard ante acosos y ataques que, según el Gobierno, han deteriorado la experiencia universitaria de muchos estudiantes. Estas acusaciones surgen tras las protestas propalestinas que se extendieron por numerosos campus estadounidenses, incluido el de Harvard, durante el último curso académico.
La propia universidad ha reconocido la existencia de expresiones antisemitas y de sentimientos antimusulmanes, y su rector, Alan Garber, se comprometió recientemente a combatir ambos. No obstante, la afirmación del Gobierno sobre una “profunda alarma del público en general” parece una exageración poco fundamentada.
La carta también menciona otro frente en esta batalla: la prestigiosa revista estudiantil Harvard Law Review, a la que la Administración acusa de seleccionar temas y autores bajo criterios «woke», una obsesión recurrente en el discurso conservador estadounidense.
El lunes, Trump sumó leña al fuego desde su red social. Cuestionó por qué solo Estados Unidos financia a una universidad con, según él, “un 31%” de estudiantes internacionales —una cifra inflada—, y propuso retirar 3.000 millones de dólares de subvenciones a lo que calificó como “una Harvard muy antisemita”, para redistribuirlos a escuelas de negocios del país. No explicó cómo haría efectivo este desvío de fondos, una medida que probablemente será bloqueada en los tribunales.
Los cinco principales países de origen de los estudiantes internacionales en Harvard son China, Canadá, India, Corea del Sur y Reino Unido. La presencia de alumnos chinos es utilizada por la Administración como otro argumento para justificar su embestida. En una acusación especialmente grave, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó la semana pasada que Harvard “facilita y participa en actividades coordinadas con el Partido Comunista Chino”, incluyendo el supuesto entrenamiento de miembros de un grupo paramilitar implicado en el genocidio de los uigures.
“Es un chiste, puros pretextos”, respondió el viernes en entrevista telefónica Steven Levitsky, reputado profesor de Harvard y coautor del influyente ensayo Cómo mueren las democracias, en referencia a estas acusaciones.
El origen más reciente del conflicto está en una petición del DHS hecha en abril, en la que se exigía a Harvard compartir los datos de sus estudiantes internacionales, especialmente aquellos involucrados en actividades “ilegales” o “peligrosas”. En la carta del jueves, Noem fue más allá y solicitó grabaciones de audio y video de esos alumnos, tanto dentro como fuera del campus. De prosperar la suspensión general de visados, también se verían afectados un centenar de estudiantes israelíes, incluyendo algunos que se opusieron a las protestas contra la ofensiva militar de Israel en Gaza.
Así, el conflicto entre la Administración Trump y Harvard sigue escalando, con miles de estudiantes en el centro de una pugna que trasciende lo educativo y se instala en pleno epicentro del debate político y cultural estadounidense.
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