El gobierno del presidente Gustavo Petro advirtió este martes que, si el Senado no se pronuncia de manera expedita sobre la viabilidad de realizar una consulta popular en torno a reformas laborales y al sistema de salud, procederá a convocarla mediante decreto, desestimando así el rechazo que ya expresó el Congreso.
“El gobierno está seguro de que si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, convocará la consulta popular para que sea el pueblo quien resuelva las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una rueda de prensa.
La propuesta de consulta popular fue presentada por el propio presidente Petro el pasado 1 de mayo, e incluye una docena de preguntas centradas en cambios al régimen laboral, como la reducción de la jornada diurna y el pago completo de recargos dominicales. Sin embargo, el Senado negó la solicitud el 14 de mayo en una votación que el gobierno tildó de fraudulenta.
Pese al rechazo, el Ejecutivo presentó una nueva solicitud ante el Congreso. Benedetti sostiene que el Senado no se pronunció debidamente sobre la primera petición, alegando una supuesta irregularidad en el procedimiento de votación. Según el ministro, la proposición no fue leída en su totalidad antes de ser votada, lo que invalidaría el trámite. “Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado, y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”, insistió.
La ley colombiana establece que el Senado tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia de una consulta popular tras su radicación. Si no hay respuesta en ese plazo, el Ejecutivo está habilitado para convocarla por decreto y fijar una fecha de votación dentro de los tres meses siguientes.
La advertencia del ministro fue rechazada de plano por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien la calificó como “un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de derecho y la separación de poderes”. Cepeda reiteró que la primera solicitud ya fue negada formalmente por la cámara alta. “Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, debe acudir a la rama judicial”, dijo en un comunicado.
Mientras tanto, el Congreso continúa debatiendo la reforma laboral impulsada por el gobierno, que ha sido modificada en puntos clave como la jornada laboral y las formas de contratación. El proyecto, que inicialmente había sido archivado, fue reactivado el mismo 14 de mayo tras una apelación y actualmente se encuentra en etapa intermedia de discusión legislativa.
En medio de este escenario, las centrales obreras anunciaron una huelga nacional de 48 horas a partir del miércoles, en respaldo a la consulta popular promovida por el gobierno y en rechazo a los cambios introducidos por los legisladores al proyecto original de reforma.
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