Fiscales brasileños presentaron este martes una demanda contra la automotriz china BYD y dos de sus contratistas, acusándolos de someter a trabajadores a condiciones laborales equivalentes a la esclavitud y participar en tráfico internacional de personas.
Según informó la Procuraduría Laboral del estado de Bahía, la acción judicial exige una compensación de 257 millones de reales (unos 50 millones de dólares) por daños y perjuicios. Las compañías señaladas incluyen, además de BYD, a China JinJiang Construction Brasil y Tecmonta Equipamentos Inteligentes.
La denuncia se basa en una investigación que en 2023 permitió el rescate de 220 trabajadores chinos que laboraban en la construcción de una nueva planta de BYD en la ciudad de Camaçari. De acuerdo con la fiscalía, estos empleados fueron llevados a Brasil con visas inadecuadas y mediante engaños sobre las condiciones laborales que enfrentarían.
El Ministerio Público describió el escenario como “extremadamente degradante”. Cinco alojamientos, administrados por BYD y sus contratistas, alojaban a los trabajadores en condiciones precarias: camas sin colchones, pertenencias personales guardadas junto a la comida, y escasez de baños, sin separación por género. En uno de los campamentos, 31 personas compartían un único sanitario, lo que los obligaba a despertarse a las 4 a.m. para realizar su higiene antes de iniciar la jornada.
Los fiscales también denunciaron que a los trabajadores se les retenían los pasaportes, eran vigilados por personas armadas y forzados a cumplir jornadas extenuantes sin descanso semanal. Además, se les exigía el pago de una “caución” y hasta el 70 % de sus salarios era retenido si abandonaban el contrato antes de tiempo.
BYD no respondió a las consultas de la agencia Associated Press. Sin embargo, en diciembre de 2024, el portavoz de la compañía, Li Yunfei, rechazó las acusaciones, calificándolas como parte de un intento de difamar a China y sus empresas. “Hemos sido testigos de cómo ciertas fuerzas extranjeras se alían maliciosamente para dañar la imagen de China y sabotear la relación con Brasil”, afirmó entonces.
A pesar de su defensa pública, BYD aseguró en un comunicado estar comprometida con los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes laborales brasileñas e internacionales, y añadió que ha estado cooperando con las autoridades durante el proceso.
La fiscalía también solicitó que las empresas sean obligadas a cumplir estrictamente las normativas laborales vigentes y propuso una multa de 50.000 reales por cada infracción, multiplicada por el número de trabajadores afectados.
En Brasil, el concepto legal de trabajo análogo a la esclavitud incluye el sometimiento a jornadas extenuantes, condiciones de vida degradantes, trabajo forzado y la restricción de la libertad del trabajador.
El caso expone una realidad extendida en varias regiones del mundo en desarrollo, donde los trabajadores migrantes de la construcción a menudo enfrentan condiciones duras, contratos abusivos y deudas impuestas como condición para acceder al empleo, a pesar de la existencia de leyes que prohíben estas prácticas.
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