El Tribunal Regional de Brunswick dictó este lunes una sentencia histórica en el llamado caso dieselgate, al declarar culpables de fraude a cuatro antiguos directivos de Volkswagen. El fallo pone fin a un complejo y extenso proceso judicial que se ha prolongado durante casi cuatro años y arroja nuevas responsabilidades en uno de los mayores escándalos empresariales de la historia reciente de Alemania.
Dos de los condenados cumplirán penas de prisión, mientras que los otros dos han recibido condenas de libertad condicional. La Fiscalía había solicitado entre dos y cuatro años de cárcel para los acusados, considerando apropiada la libertad condicional solo en uno de los casos. Por su parte, las defensas pedían tres absoluciones y una amonestación.
La pena más severa recayó sobre Jens Hadler, exdirector de desarrollo de motores diésel, condenado a cuatro años y medio de prisión. Hanno Jelden, quien fue responsable de tecnología de propulsión, deberá cumplir dos años y siete meses de cárcel. Por otro lado, Heinz-Jakob Neusser, exdirector de desarrollo y el de mayor rango entre los acusados, fue sentenciado a un año y tres meses de libertad condicional. Una pena similar, de un año y diez meses, recibió Thorsten D., quien dirigía el departamento de procedimientos de trabajo y tratamiento de gases de escape.
Según el tribunal, los condenados eran plenamente conscientes de la manipulación sistemática de los motores diésel, un fraude que se mantuvo durante años y que afectó a millones de vehículos. Se les acusa de participar en el desarrollo de un software ilegal que detectaba cuándo un coche estaba siendo sometido a pruebas de emisiones para activar un modo que reducía los niveles de óxidos de nitrógeno. Sin embargo, en condiciones reales de conducción, el sistema se desactivaba y los vehículos contaminaban muy por encima de los límites legales.
El presidente del tribunal, Christian Schütz, describió la investigación como «extraordinariamente compleja y exhaustiva», subrayando que muchos testigos estaban ellos mismos implicados en los hechos y enfrentaban cargos penales. Esto, según dijo, dificultó obtener declaraciones veraces y completas. No obstante, tras 175 días de juicio, el tribunal logró reconstruir de forma clara el papel de los acusados en un sistema de doble funcionamiento de los vehículos, que permitía mostrar cifras de emisiones engañosas ante las autoridades.
El caso dieselgate salió a la luz en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) destapó la manipulación de pruebas de emisiones en vehículos diésel de VW. Desde entonces, el escándalo ha supuesto más de 32.000 millones de euros en multas e indemnizaciones para el grupo Volkswagen. La justicia europea y alemana ha confirmado posteriormente la ilegalidad del software utilizado.
El impacto del caso fue inmediato. Días después de conocerse el fraude, Martin Winterkorn, entonces presidente del grupo VW y una de las figuras más poderosas de la industria automotriz alemana, presentó su dimisión. Inicialmente, Winterkorn iba a ser juzgado junto a los cuatro directivos ahora condenados, pero su proceso fue separado debido a problemas de salud. El juicio en su contra comenzó en 2021, pero fue suspendido a los pocos días tras una caída doméstica que derivó en una hospitalización. Actualmente, está paralizado por su incapacidad permanente para comparecer, y se desconoce si alguna vez se dictará sentencia en su caso.
Tanto Winterkorn como los demás exdirectivos han mantenido que desconocían la existencia del fraude, responsabilizando a empleados de rangos inferiores por la manipulación del software.
El proceso ahora concluido se ha convertido en uno de los mayores y más prolongados juicios penales económicos en Alemania. Más de 150 testigos pasaron por el tribunal y el expediente de la investigación alcanzó las 75.000 páginas, con una acusación de 400 páginas.
Sin embargo, el capítulo judicial del dieselgate aún no está cerrado. Además del proceso de Winterkorn, otros cuatro juicios penales siguen abiertos contra un total de 31 acusados.
En Múnich, el exdirector general de Audi, Rupert Stadler, llegó hace casi dos años a un acuerdo con la Fiscalía para acortar su juicio, lo que derivó en las primeras condenas penales por el escándalo. Stadler y otros directivos recurrieron las sentencias, y el Tribunal Supremo alemán aún debe pronunciarse sobre esos recursos.
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