El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha alcanzado un acuerdo con Boeing que permitirá al gigante aeroespacial evitar un juicio penal por fraude, relacionado con los dos trágicos accidentes del modelo 737 Max que, entre 2018 y 2019, cobraron la vida de 346 personas.
Según los términos preliminares del pacto, la compañía se compromete a pagar más de 1.100 millones de dólares (967,5 millones de euros), además de otros 445 millones de dólares (391 millones de euros) en compensaciones directas a las familias de las víctimas.
A cambio, el Departamento de Justicia desestimará el proceso penal por fraude, lo que libera a Boeing de una condena que podría poner en riesgo su condición de contratista del gobierno federal.
“Confiamos en que esta resolución sea la más justa y con beneficios tangibles”, señaló un portavoz del DOJ en un comunicado. “Nada puede revertir la pérdida de vidas, pero este acuerdo responsabiliza a Boeing, ofrece cierre y compensación a las familias, y refuerza la seguridad para los futuros pasajeros”, añadió.
Sin embargo, el anuncio ha generado indignación entre algunos familiares de las víctimas, quienes consideran que el acuerdo envía un mensaje equivocado sobre la responsabilidad empresarial en materia de seguridad. Muchos de ellos han exigido un juicio público, sanciones económicas más severas e incluso el procesamiento de exdirectivos de la empresa.
“Este tipo de acuerdo de no enjuiciamiento no tiene precedentes y es claramente inapropiado, tratándose del crimen corporativo más letal en la historia de EE. UU.”, declaró Paul Cassell, abogado de varias familias, quien anunció que pedirán al tribunal que rechace el acuerdo.
Los accidentes ocurrieron con dos aviones nuevos del modelo 737 Max: uno en Indonesia en 2018 y otro en Etiopía en 2019. En ambos casos, una lectura errónea de un sensor activó el sistema automatizado MCAS, que forzó al avión a descender en picado sin posibilidad de corrección por parte de los pilotos.
Las investigaciones revelaron que Boeing ocultó información clave sobre ese software a la Administración Federal de Aviación (FAA), así como a aerolíneas y pilotos. El sistema, diseñado para evitar una pérdida aerodinámica, podía empujar el morro del avión hacia abajo sin intervención humana si detectaba un ángulo de ataque elevado.
En 2021, el DOJ ya había imputado a Boeing por engañar a los reguladores federales sobre el MCAS y sobre la formación necesaria para operar el nuevo modelo. Entonces, la empresa evitó cargos penales al aceptar un acuerdo de 2.500 millones de dólares y comprometerse a mejorar sus prácticas durante tres años.
No obstante, tras constatar que la compañía no cumplió con lo pactado, los fiscales reabrieron el caso y Boeing accedió a declararse culpable de fraude penal para evitar un juicio que podría haberse prolongado durante años.
A pesar de ello, en diciembre pasado, un juez federal cuestionó el acuerdo previo, alegando problemas en los criterios de diversidad, inclusión y equidad para la selección del supervisor encargado de verificar el cumplimiento por parte de Boeing.
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