El gobierno británico anunció un controvertido plan para introducir el uso de medicamentos que suprimen el deseo sexual —conocidos como “castración química”— en delincuentes sexuales, como parte de un paquete de medidas orientadas a reducir la reincidencia y aliviar la creciente presión sobre el sistema penitenciario, actualmente al borde del colapso por falta de espacio.
La Secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, presentó la iniciativa este jueves ante el Parlamento, tras la publicación de una revisión independiente sobre las sentencias penales. La medida se implementará inicialmente en 20 prisiones de dos regiones del país.
“Estoy explorando si es posible imponer este enfoque”, declaró Mahmood. “Es fundamental que este tratamiento se complemente con intervenciones psicológicas que aborden otras causas de la delincuencia, como la necesidad de poder y control”.
Aunque el tratamiento no es aplicable a todos los casos —especialmente a los delincuentes motivados más por el ejercicio de poder que por impulsos sexuales—, la secretaria aseguró que estudios recientes demuestran que la castración química puede reducir la reincidencia hasta en un 60%. Este tipo de intervención ya se aplica de manera voluntaria en Alemania y Dinamarca, y de forma obligatoria en Polonia para ciertos ofensores.
La propuesta forma parte de una revisión exhaustiva liderada por el exsecretario de Justicia David Gauke, que no solo busca frenar la reincidencia, sino también modernizar un sistema carcelario que opera al límite de su capacidad.
Una de las primeras decisiones de Mahmood tras el retorno del Partido Laborista al poder en julio pasado, luego de 14 años en la oposición, fue implementar un programa de liberación anticipada de presos para aliviar la saturación. Sin embargo, advirtió que no quiere repetir esa medida, razón por la cual encargó la revisión y designó a Gauke, miembro del anterior gobierno conservador, para supervisarla.
Entre otras recomendaciones, el informe sugiere permitir la liberación anticipada en más casos, dar mayor flexibilidad a los jueces para aplicar sanciones alternativas —como la prohibición de conducir— y eliminar las penas de prisión inferiores a 12 meses, salvo en situaciones excepcionales como casos de violencia doméstica. También se propone la deportación inmediata de extranjeros condenados a penas de tres años o menos.
El informe insta además a aumentar la inversión en el servicio de libertad condicional, para que los oficiales puedan dedicar más tiempo a la rehabilitación de los infractores, así como a destinar más fondos para gestionar a los miles de delincuentes que cumplen condena con dispositivos de monitoreo electrónico.
En respuesta, Mahmood anunció una inversión de 700 millones de libras anuales (unos 930 millones de dólares) para fortalecer el sistema de libertad condicional en los próximos años.
“El riesgo de no dotar de recursos adecuados a la libertad condicional es no lograr avances en la rehabilitación, lo que podría generar una reacción negativa en la opinión pública”, advirtió Gauke.
Actualmente, la población carcelaria en Inglaterra y Gales ronda los 90.000 internos, el doble que hace tres décadas, a pesar de que las tasas de criminalidad han descendido. El aumento se atribuye en parte a la imposición de sentencias más largas, impulsadas por la presión social para endurecer la lucha contra el crimen.
Desde la oposición, el portavoz de Justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, rechazó tajantemente las propuestas, advirtiendo que eliminar las condenas cortas podría equivaler a despenalizar delitos como el robo, el hurto o la agresión. Además, cuestionó la eficacia del monitoreo electrónico, al compararlo con “detectores de humo que intentan apagar incendios”.
Más allá de las reformas, el gobierno confirmó que pondrá en marcha un ambicioso plan de construcción de nuevas prisiones, algunas de ellas para reemplazar instalaciones en uso desde la era victoriana.
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