Este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos analizó si permitirá que entren en vigor de forma temporal las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, a pesar de que más adelante podrían ser declaradas inconstitucionales.
Los magistrados escucharon los argumentos presentados por el gobierno de Trump en respuesta a fallos de tribunales inferiores que suspendieron la aplicación de dicha medida a nivel nacional. Estas órdenes judiciales universales se han convertido en un freno clave para la agenda del presidente republicano y una fuente constante de frustración para él y sus aliados.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero, los jueces federales han emitido 40 órdenes de este tipo, según indicó el procurador general D. John Sauer al iniciar su intervención, que se extendió por más de dos horas.
La ciudadanía por nacimiento es solo uno de varios temas —en su mayoría vinculados a la inmigración— que el gobierno ha llevado al tribunal en busca de decisiones urgentes. Entre ellos también figura el fin del estatus de protección temporal (TPS) para más de 500.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como la revocación de otras protecciones para otros 350.000 venezolanos. Además, la administración sigue enfrentando litigios por sus intentos de deportar rápidamente a supuestos pandilleros a una prisión en El Salvador, basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra del siglo XVIII.
El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que niega la ciudadanía a hijos de personas que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Esta medida contradice un fallo de 1898 de la propia Corte Suprema, que interpretó la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda como garantía de ciudadanía a todo niño nacido en territorio estadounidense, salvo contadas excepciones que no aplican en este caso.
Tras la promulgación de la orden, estados, inmigrantes y organizaciones de derechos humanos presentaron demandas, y los tribunales inferiores suspendieron su aplicación mientras avanza el proceso judicial.
La disputa actual gira en torno a qué reglas se aplican mientras se resuelven los litigios. Durante la audiencia, los jueces liberales parecieron respaldar firmemente los fallos previos, al considerar que las modificaciones propuestas por Trump rompen con una interpretación establecida por más de 125 años.
La jueza Elena Kagan calificó como inusual que se use el debate sobre la ciudadanía por nacimiento para limitar las órdenes judiciales de alcance nacional. «Todos los tribunales han fallado en su contra», le recordó a Sauer. También advirtió que si el gobierno gana esta apelación, podría aplicar la orden a personas que no han presentado demandas. «Todos esos individuos van a ganar. Y los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder», enfatizó.
Por su parte, varios jueces conservadores mostraron interés en conocer las implicaciones prácticas de una decisión que limite el alcance de las órdenes judiciales, así como el tiempo que le tomaría al tribunal emitir un fallo definitivo sobre la orden ejecutiva.
Tanto la administración Trump como la de su sucesor, Joe Biden, han criticado que los jueces exceden su autoridad al emitir órdenes con efecto nacional, en lugar de limitarse a las partes directamente involucradas en el proceso.
La jueza Sonia Sotomayor planteó el caos legal que podría generarse si las restricciones se aplican temporalmente en solo una parte del país. Advirtió que algunos niños podrían quedar “apátridas”, sin reconocimiento de ciudadanía ni en Estados Unidos ni en los países que sus padres abandonaron huyendo de la persecución.
Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey y representante de los 22 estados demandantes, ilustró el impacto desigual de la medida: un niño nacido en Camden, Nueva Jersey, sería ciudadano, mientras que otro que naciera cruzando el río en Filadelfia no lo sería. Pensilvania no forma parte de la demanda.
Una posible salida que barajan los magistrados sería reemplazar las órdenes judiciales universales por demandas colectivas, en las que algunos demandantes representan a un grupo más amplio de personas afectadas. Estas acciones podrían implementarse rápidamente y tener efectos similares a nivel nacional.
No obstante, ante el cuestionamiento de la jueza Amy Coney Barrett y otros magistrados, Sauer indicó que el gobierno podría oponerse a ese tipo de demandas o intentar retrasarlas.
Cabe destacar que la Corte Suprema rara vez escucha argumentos en apelaciones de emergencia, ya que generalmente se enfoca en el fondo del caso. En este caso, el gobierno no pidió al tribunal que resolviera el asunto de fondo de inmediato. Si la Corte avala limitar las órdenes judiciales nacionales, no queda claro cuánto tiempo podrían regir normas dispares sobre ciudadanía para niños nacidos en Estados Unidos.
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