La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Verfassungsschutz), la agencia de inteligencia interior de Alemania, ha clasificado al partido Alternativa por Alemania (AfD) como una organización de extrema derecha. Según la institución, la visión étnico-racial del partido es “incompatible con el orden democrático libre”.
La decisión se produce tras el avance sin precedentes de la AfD en las elecciones federales de febrero, donde obtuvo un 20,8% de los votos y 152 de los 630 escaños del Bundestag, consolidándose como la segunda fuerza política del país.
La polémica medida coincide con la preparación del Parlamento alemán para votar la investidura del conservador Friedrich Merz como nuevo canciller, al frente de una coalición con los socialdemócratas.
Los colíderes de la AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, denunciaron que se trata de una decisión “motivada políticamente” y un “golpe duro para la democracia alemana”. Alegan que su partido está siendo “criminalizado” en vísperas de un cambio de gobierno.
Las críticas han trascendido las fronteras alemanas. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance acusó a los burócratas alemanes de «reconstruir el Muro de Berlín», mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la decisión como “tiranía disfrazada”. En una respuesta poco habitual, el Ministerio de Exteriores alemán replicó a Rubio en la red X: “Hemos aprendido de nuestra historia que el extremismo de derecha debe ser detenido”.
La AfD ya había sido observada con preocupación por los servicios de inteligencia, especialmente en los estados del este del país, donde su popularidad es mayor. La agencia sostiene que el partido no considera ciudadanos plenos a los alemanes con orígenes migratorios, especialmente de países de mayoría musulmana.
El vicepresidente adjunto de la AfD, Stephan Brandner, desestimó la medida calificándola de “tontería absoluta”, mientras que la ministra del Interior en funciones, Nancy Faeser, defendió la decisión, asegurando que se basó en un informe de 1.100 páginas tras una evaluación rigurosa y sin injerencia política.
Desde el Bundestag, la vicepresidenta Andrea Lindholz sostuvo que, tras ser señalado como grupo extremista, la AfD no debería tener el mismo trato que otros partidos en el Parlamento. Esto afectaría, por ejemplo, su acceso a presidir comisiones parlamentarias, algo que hasta hace poco era una posibilidad real, dada su representación.
Tras su éxito en las urnas, la AfD había pedido el fin del “cortafuegos” político impuesto contra la ultraderecha desde la posguerra. “Quien levanta cortafuegos, se quema tras ellos”, advirtió Chrupalla.
Pese a varios escándalos recientes —incluido el de un miembro condenado por usar eslóganes nazis—, el partido sigue segundo en las encuestas, detrás de los conservadores de Merz. Alice Weidel ha adoptado el controvertido término “remigración”, entendido por muchos como una llamada a deportaciones masivas, aunque ella niega esa interpretación.
La AfD también ha cultivado vínculos con figuras del trumpismo. Nueve días antes de las elecciones, J.D. Vance se reunió con Weidel en Múnich, donde criticó las restricciones al debate político en Europa. Elon Musk, por su parte, le ofreció una tribuna en la red X y llamó abiertamente a votar por la AfD durante la campaña.
Aunque se espera que el nuevo estatus legal del partido sea impugnado en los tribunales, el cambio podría facilitar la labor de la inteligencia alemana para emplear informantes y vigilancia más activa sobre el partido.
Algunos políticos han sugerido que la designación debería abrir la puerta a una posible prohibición. La Ley Fundamental de Alemania, vigente desde 1949, permite ilegalizar partidos que atenten de forma activa contra el orden democrático. Sin embargo, esa decisión solo puede ser tomada por el Parlamento o el Tribunal Constitucional.
El canciller saliente, Olaf Scholz, ha pedido prudencia, pero Heidi Reichinnek, del partido La Izquierda, afirmó que no se puede permitir que un partido “acreditado como de extrema derecha” siga socavando la democracia desde dentro.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, solo dos partidos han sido prohibidos en Alemania, ambos en los años cincuenta. Ahora, para la vicepresidenta del Partido Socialdemócrata, Serpil Midyatli, la evidencia es irrefutable: “Está negro sobre blanco lo que todos sabíamos. La prohibición debe llegar”. Y recordó que los fundadores de la Constitución alemana buscaron precisamente evitar que el país volviera a caer en el abismo.
Leave a comment