La represión en Cuba contra la oposición y las labores humanitarias sigue intensificándose. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que en las últimas semanas se ha producido una nueva ola de hostigamientos, detenciones y amenazas por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel, dirigidas tanto a activistas como a personas que acuden en busca de ayuda al comedor social que la organización mantiene en Santiago de Cuba.
En conversación con Infobae, Ferrer reveló que solo en las últimas 24 horas fueron arrestadas ocho personas vinculadas a la UNPACU. «La policía política detuvo ayer a cinco colaboradores, entre ellos dos hombres y tres mujeres», detalló. Además, indicó que a tres de ellos se les impusieron multas de 24.000 y 36.000 pesos, mientras que en el transcurso del jueves se sumaron otros tres arrestos.
Uno de los detenidos fue golpeado y despojado de su teléfono móvil, mientras que a una colaboradora la forzaron a grabar un video renunciando públicamente a continuar en la sede de UNPACU. La amenaza detrás de la cámara fue brutal: “Le dijeron que si no lo hacía, la encerrarían en un calabozo con 30 hombres para que la violaran”, denunció Ferrer, quien fue preso político. “La tiranía se supera cada día en términos de infamia, represión y vileza”, sentenció.
Ferrer también relató que ese mismo jueves tres jóvenes colaboradoras fueron retenidas durante más de media hora en un local cercano a la sede del movimiento. “Uno de nuestros miembros observó toda la escena. Las mujeres luego negaron haber sido detenidas, pero sabemos que hablaron con la policía política. Las despedí porque quienes ceden ante las amenazas pueden representar un grave riesgo para nosotros”, explicó el líder opositor.
La presión del régimen no se limita a la intimidación directa. Ferrer aseguró que las autoridades intentan manipular a los colaboradores para sabotear desde dentro las operaciones del comedor. “Les piden que contaminen los alimentos, tapen los baños, echen insectos en la sede. Es una guerra sucia y constante”, advirtió.
En paralelo, las organizaciones Prisoners Defenders, el Consorcio Justicia y la propia UNPACU informaron que, en las últimas cuatro semanas, se registraron 350 detenciones arbitrarias. La mayoría de las víctimas eran personas vulnerables que acuden al comedor social para recibir asistencia básica como alimentos o atención médica.
“El régimen ha emprendido una ofensiva cruel contra los más necesitados. De las 350 detenciones, 335 corresponden a beneficiarios del programa humanitario, mientras que once fueron colaboradores y cinco activistas”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Desde que Ferrer salió de prisión el 16 de enero de este año, el comedor social ha distribuido más de 30.000 servicios humanitarios, entre desayunos, almuerzos, cenas y atención médica. El flujo diario alcanzó picos de hasta 1.300 personas, pero en los últimos días ha disminuido a unas 500 debido a la represión, que incluye vigilancia permanente, detenciones e incluso operativos policiales masivos.
Durante la semana del 17 al 21 de marzo, se registraron más de 30 arrestos de personas que acudían a recibir ayuda. Según los informes, muchas de ellas fueron llevadas a instalaciones de la seguridad del Estado y amenazadas con ir a prisión si volvían al comedor.
El 21 de marzo, el régimen organizó un “acto de reafirmación revolucionaria” —también conocido como “acto de repudio”— frente a la sede de UNPACU. Simpatizantes del régimen insultaron y agredieron verbalmente a la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa de Ferrer y colaboradora clave del proyecto humanitario.
Del 22 al 28 de marzo, la represión no se detuvo. En solo seis días, se reportaron 105 detenciones arbitrarias de corta duración. El 31 de marzo, altos mandos de la policía política lideraron un operativo para interceptar a las personas que salían del comedor con alimentos. Un día después, el 1 de abril, un despliegue de 32 agentes, vehículos patrulla, motos y un furgón policial rodeó la sede de la organización. Ese día, más de 40 personas fueron detenidas, y la comida que llevaban fue arrojada al suelo por los agentes.
Entre los arrestados se encontraba Daniel Ferrer Jiménez, padre del preso político Enrique Ferrer Hechavarría, detenido por tercera vez en 40 días. También fue arrestado Jorge Luis Colá Montané, un voluntario de 60 años a quien, además, le robaron 200 pesos que llevaba consigo. Ese mismo día, los hermanos Agustín y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, quienes transportan leña para la cocina del comedor, también fueron detenidos.
El 2 de abril, la represión alcanzó nuevos niveles. Además de las decenas de detenciones a beneficiarios, fue arrestado Roilán Zárraga Ferrer, activista de UNPACU y ex preso político, cuando intentaba comprar carbón. Fue multado con 24.000 pesos y amenazado con prisión. La colaboradora Marilyn Thalía Álvarez Pérez también fue detenida con violencia y trasladada a la Segunda Unidad Policial. Allí fue amenazada con cárcel y con represalias contra su esposo, el preso político Aníbal Ribiaux Figueredo, si no colaboraba como informante.
Ese mismo día, también fueron arrestados Adisnubia Rondón Román, voluntaria del comedor, y su hijo menor de 17 años. Ambos fueron amenazados con prisión si ella continuaba participando en la iniciativa humanitaria.
Según el informe, ese 2 de abril más de 50 personas vulnerables fueron detenidas en un local a solo dos cuadras de la sede de UNPACU, convertido ahora en un centro de operaciones represivas.
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