El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, juramentaron el miércoles a 30.000 civiles encapuchados, quienes conforman la nueva “policía voluntaria”, creada bajo una reforma constitucional que fortalece el control del poder en manos del matrimonio presidencial. El evento tuvo lugar en la Plaza de la Fe, en la capital, Managua, y se llevó a cabo en un contexto de creciente preocupación, tanto a nivel nacional como internacional, por el carácter represivo de esta nueva fuerza.
Los “policías voluntarios”, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, participaron en una ceremonia simbólica donde se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad del país. Estos civiles, reclutados en diversas provincias de Nicaragua, se suman a los más de 50.000 integrantes del “cuerpo auxiliar y de apoyo”. Según la administración, este grupo busca reforzar a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden y la seguridad; sin embargo, la oposición lo considera un instrumento para intensificar la represión política en el país.
Murillo, quien ahora ostenta el título de “copresidenta” gracias a la reciente reforma constitucional, calificó a los nuevos reclutas como “guerrilleros de la paz” y destacó la importancia de esta fuerza en la lucha por la seguridad nacional. No obstante, organizaciones de derechos humanos, como la ONU, han alertado sobre las similitudes entre este grupo y los encapuchados armados que participaron en la represión de las protestas de 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos y cientos de heridos.
Además de la creación de la “policía voluntaria”, Ortega renovó el mandato de Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial. Díaz, quien asumió el cargo en 2018, en medio de las protestas, permanecerá en su puesto por otros seis años, de acuerdo con los términos de la reforma constitucional, que también elevó a Murillo a la “copresidencia”. En su discurso, Ortega enfatizó la importancia de la unidad nacional y la necesidad de enfrentar los “desafíos” con determinación, mientras que Murillo aseguró que Nicaragua tiene la “fuerza para trascender” cualquier obstáculo.
A nivel internacional, la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el carácter autoritario del gobierno de Ortega, quien, desde su regreso al poder en 2007, ha sido señalado por socavar la democracia y consolidar un régimen cada vez más represivo. Desde 2018, su administración ha cerrado más de 5.000 ONG y encarcelado a cientos de opositores, lo que ha llevado a miles de nicaragüenses al exilio. En respuesta, el régimen enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
En este contexto, la creación de la “policía voluntaria” podría interpretarse como un nuevo paso hacia la consolidación de un régimen de control absoluto, donde la represión contra cualquier oposición—ya sea interna o externa—sigue en aumento.
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