A pesar de los números positivos presentados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la reducción del crimen organizado y homicidios en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por las estrategias de la administración y ha solicitado el restablecimiento de los derechos humanos y garantías suspendidos durante el último año de régimen de excepción.
La CIDH destaco que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando se aplica de manera indefinida, «Constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común» y pidió un cambio en la estrategia del país.
La medida de régimen de excepción ha dejado a más de 66,400 detenidos y al menos 5,082 denuncias de detenciones arbitrarias, esto según información de organizaciones humanitarias.
Como respuesta, el Gobierno de El Salvador ha defendido su estrategia, argumentando que ha sido efectiva para reducir la criminalidad del país. Sin embargo, la CIDH ha subrayado que «El Salvador debe de asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia» se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de Derecho.
A pesar de los 188 días sin homicidios registrados en los últimos 12 meses en El Salvador, la CIDH ha enfatizado la necesidad de respetar los derechos humanos en la adopción de medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos finalizo mencionando que el régimen de excepción, el cual el gobierno de Nayib Bukele lo ha llamado «guerra contra las pandillas«, suspende por completo la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
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